Presumimos que existen dos interpretaciones sobre la decisión de nuestro presidente de no auspiciar por ahora una reforma tributaria.
La primera sería que, dados su muy alto costo político, en medio de una pandemia que no disminuye y con una inflación importada que afecta los combustibles, la energía y los alimentos, el presidente nunca tuvo la intención de auspiciarla en la actualidad. Sobre todo después de la violencia desatada en Colombia al tratar de imponerla allí, por lo que ordenó a su equipo de propaganda y a sus economistas de hacer circular versiones “fantasmas” sobre dicha reforma, incluyendo una absurda auspiciada por algunos de sus propios congresistas, un muy chantajista “entren tó”, rabieta de niños malcriados, para entonces aparecer ante la opinión pública como “el salvador”, el presidente que se negó a imponer más cargas, ni siquiera a los más ricos.
La segunda sería que Abinader sí quiso hacer ahora la reforma, pero se arrepintió para tal vez posponerla por unos meses hasta que la pandemia y la inflación reduzcan su flagelo. Lo que no es cierto es que los avances logrados para reducir los gastos corrientes puedan, sin la reforma, resultar en un presupuesto equilibrado, a pesar de recaudaciones mayores que las presupuestadas, ya que los subsidios energéticos y alimentarios pesan cada vez más y se tienen que mantener los planes de vacunación y los servicios hospitalarios.
Danilo Medina tan solo ejecutó una reforma tributaria en el 2012, un “parche” según varios economistas, es decir durante su primer año de gobierno y desde entonces financió los déficits con préstamos, mayormente a través de unos bonos soberanos cuyos recursos fueron de uso totalmente libre y, consecuentemente, con riesgo de resultar pecaminosos, como lo fueron.
Ojalá que el presidente Abinader opte por préstamos con organismos multinacionales, como el BID y el Banco Mundial, ligados a proyectos específicos y sujetos a licitación. El acudir a más préstamos es políticamente menos costoso que más impuestos, aún a los ricos. Pero una reforma tributaria progresiva hubiese mejorado nuestra muy injusta distribución del ingreso.
Otra opción sería vender acciones del Estado en el sector energético como serían de las Catalinas y las Edes, pero los portavoces del gobierno insisten en que se mantendrán estatizadas. En su discurso de toma de posesión Danilo Medina prometió reducir las pérdidas de las distribuidoras y no lo logró. El gobierno del presidente Abinader ahora promete también reducirlas, pero manteniendo su administración en manos estatales. Tampoco lo logrará. Un ejemplo de la ineficiencia administrativa estatal es que existen tres generadoras privadas que usan carbón y que nunca han tenido dificultades para su importación, pero, según el gobierno, el propio presidente Abinader tuvo que intervenir con el presidente de Colombia para conseguir ese mineral para las Catalinas.
¿Continuará la austeridad? Es de dudar, ya el ministro de Turismo recientemente anunció que emplearía a más “compañeros” antes de la Navidad y los congresistas quieren una nueva provincia. ¿Cómo reaccionarán las calificadoras de riesgo ante la posposición sin fecha de la reforma? ¿Se reducirá aún más la ya muy exigua inversión pública? ¿Y entonces qué podrá inaugurar el presidente?