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La dictadura se afianza

Los ciudadanos, a través del gobierno que previamente elige, permite que los funcionarios administren el dinero recaudado con sus impuestos para que lo inviertan en obras que los beneficien, no que los perjudiquen.

Esos señores y señoras deben manejar esos recursos con absoluta transparencia, sujetos siempre, por mandato de la Constitución y las leyes, al cuestionamiento de las partes, es decir, de los ciudadanos.

El dinero del Presupuesto de la Nación, es dinero público, dinero del pueblo, de la gente. Es por eso que los funcionarios son “servidores públicos”. Están para servirle  a la gente, no al revés, como ocurre.

Si los ciudadanos, ven que el dinero, su dinero, no se está administrando como debe ser, tienen el derecho y hasta la obligación de pedir y de exigir explicaciones tanto en los medios de comunicación como en los tribunales.

Yo, usted, nosotros. Todos los pagamos al Presidente, los ministros y demás “servidores públicos”, incluyendo militares y policías que tantos abusos cometen contra la ciudadanía. Todos deben rendir cuentas cuando así lo pidamos.

Si alguien, el Presidente, el Ministro, quién sea, se roba ese dinero debe ir preso.

Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo: Todo el que llega pobre a un cargo del gobierno y sale rico, es un ladrón. No hay otra forma de hacer dinero desde una posición pública.

El Partido de la Liberación Dominicana pretende, mediante una ley, quitarles a los ciudadanos el derecho a defender lo suyo. El dinero de sus impuestos que muchos de sus miembros se ha robado impunemente.

Dice un ex procurador general que mantener el artículo 83 del Código Procesar Penal que permite que los ciudadanos demandar a los funcionarios públicos se presta al chantaje y la extorsión. Yo le pregunto, ¿cuáles funcionarios han sido chantajeados? ¿Conoce algún Ministro  que esté siendo extorsionado con la amenaza de someterlo a la justicia? Si es así, que lo diga. Pero aun sea cierto, ¿es motivo para eliminar el derecho ciudadano de pedirle cuentas a sus servidores?

Durante los gobiernos del PLD se denunciaron más de 200 casos de corrupción. ¿Cuántos fueron investigados? ¡Ninguno! ¿Cuántos funcionarios sometieron a la  justicia por corrupción? ¡Ninguno! ¿Cuántos están presos por corruptos? ¡Ninguno! A pesar de que organismos tanto nacionales como internacionales han establecido que la corrupción le cuesta al país alrededor de cien mil millones de pesos todos los años.

Como todos sabemos, la mayoría de los dirigentes del PLD, hasta el año 1996, llegaron al poder andaban en chancletas, eran pobres, no tenían “ni con qué caerse muertos”.  Y hoy compiten con los grupos económicos tradicionales del país. ¡No pueden justificar sus inmensas fortunas a costa de la pobreza del pueblo!  (Más del 53 % de los dominicanos son pobres)

El artículo 146 de la Constitución invierte el fardo de la prueba al establecer que los funcionarios deben explicar la idoneidad de su patrimonio. Es decir, ellos son quienes tienen  que demostrar que los bienes obtenidos son lícitos. Ese  artículo es letra muerta. El Ministerio Pública no actúa. Nadie ha sido investigado.

El PLD se blindó con la mayor acumulación de dinero que registra la historia, lo cual le permitió tomar el control de todos los poderes del Estado, incluyendo los poderes fácticos. No solo compró medios de comunicación y “líderes de opinión”, también compró los principales dirigentes de los partidos políticos grandes y pequeños. Hoy el país tiene una dictadura amparada en una constitucional que ignora cuándo le conviene.

El último zarpazo a la democracia es pretender quitarles a los ciudadanos el derecho a denunciar y someter a la justicia a los funcionarios corruptos. Con ese paso la dictadura del PLD, Leonel-Danilo. Y viceversa, se afianza y se fortalece. Para salir de esa dictadura legalizada y legitimada por la corrupción y el saqueo solo queda como esperanza el PRD Mayoritario y la Convergencia donde debe primar, más que nada,  el sentido patriótico.

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Excelente Articulo.

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