En la República Dominicana se maneja al garete. Cada cual hace lo cree conveniente para avanzar en la carretera o para llegar a su destino. Esa es la realidad y se paga un alto precio.
Por eso hay que decir que existe una pandemia de muertes en las carreteras dominicanas y no hay pandemia silente. Hay, en cambio, un Estado mudo, una sociedad ensordecida por la impunidad y una cultura de la irresponsabilidad que convierte nuestras calles en campos de muerte. Que ocho dominicanos mueran cada día en accidentes de tránsito no es una fatalidad inevitable: es el resultado de décadas de negligencia institucional, de leyes incumplidas, de autoridades que actúan solo cuando los micrófonos están encendidos y de una ciudadanía que asume las normas como sugerencias opcionales.
Los números son obscenos: 15 mil muertos en cinco años, un récord macabro de 20 fallecidos en un solo día. Y mientras, el gobierno firma pactos, anuncia planes y despliega retórica vacía. El Pacto Nacional por la Seguridad Vial ya tiene fechas vencidas: ¿Dónde está la unidad de atención a víctimas? ¿Dónde están los patrullajes prometidos? ¿Dónde está la educación vial obligatoria que debía empezar «de inmediato»? Las respuestas son las de siempre: en el limbo de la burocracia, en el cementerio de las buenas intenciones.
Pero no basta con señalar al Estado, claro está. Los conductores que beben y manejan, los motoristas que desafían la gravedad, los peatones que cruzan como si las leyes de la física no aplicaran aquí, los empresarios que importan vehículos sin garantizar su seguridad, los transportistas que convierten las guaguas en proyectiles… todos son cómplices de esta masacre cotidiana. La indisciplina es nuestro verdadero enemigo público, no solo el Estado y su ineficiencia.
El Intrant habla de licencias por puntos y descuentos para conductores responsables, pero en un país donde el que frena en el semáforo es considerado tonto y donde las multas se «arreglan» con un billete en la ventanilla, ¿qué valor tienen los incentivos? Lo que falta es mano dura: cámaras que multen de verdad, retirada inmediata de licencias para infractores, confiscación de vehículos chatarra, y sobre todo, que las autoridades den el ejemplo. ¿Cuántos hijos de diputados, militares o empresarios han sido sancionados por exceso de velocidad o manejo ebrio?
Esta no es una crisis de tránsito: es el reflejo de un país que no cree en sus propias instituciones, donde el «yo me salto la norma» es la norma. Hasta que no entendamos que la seguridad vial es un pacto de vida o muerte, seguiremos contando cadáveres. Y los únicos récords que batiremos serán los de la vergüenza nacional. Tomemos nota, por favor.