Solo en Palacio Nacional ignoraban que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos había fijado posición sobre la sentencia 168/13 en un comunicado el ocho de octubre y que su interés de venir a simular una supuesta investigación en República Dominicana, no buscaba otra cosa que avalar lo declarado.
No aguardaron a un apoderamiento del caso para adelantar que íbamos a ser condenados por una decisión que era discriminatoria y que despojaba de su nacionalidad a miles de supuestos dominicanos de ascendencia haitiana, nadie sabe si tan dominicanos como el farsante que ellos escucharon en México que dijo ser hermano de personas que jamás le habían visto y que no hizo más que mostrar lo chapuceros que resultan los procedimientos de la CIDH cuando se trata de pretender acorralar a un país dispuesto a defender su soberanía a cualquier precio.
Se les ofreció todas las facilidades para que viniesen a entrometerse en todo lo que se les antojara, porque ni siquiera tuvimos el cuidado de fijar con claridad los temas del escarceo, así que se movieron del interés por el impacto de la sentencia a ver las precariedades de la vida en los bateyes, no las transformaciones sustanciales que se han operado en varios de ellos, a cuestionar el derecho a opinar de los dominicanos que defendemos la sentencia y hasta a recibir quejas de naturaleza política.
Las entidades financiadas desde el exterior para hacer campaña desmoralizante contra el país, se manejaron a sus anchas trasladando supuestos afectados con formularios pre llenados, víctimas de una sentencia que aún no se ha aplicado y que ordena la ejecución de un plan nacional de regulación de extranjeros, que pudiera dejar superadas muchas de las quejas reales.
Lo procedente era que República Dominicana, a sabiendas de la inocultable parcialidad del supra poder que invita a su casa para que le desacredite, escogiera el momento de permitir cualquier incursión de entidades hostiles, cosa que debería ocurrir cuando pudiera mostrar resultados de su plan de regulación.
El que leyó el primer comunicado, no se pierde de nada si no lee el que han emitido como producto de la conclusión de una inspección en la que solo se escucharon las voces adversas a la sentencia, porque es contentivo de las mismas acusaciones, salvo que ahora tienen el supuesto aval de la investigación en el terreno.
La prensa nacional con mucha dignidad ha lanzado advertencias en sus editoriales que no deben pasar inadvertidas: “Son muy preocupantes las actitudes dubitativas de un sector del Gobierno en esta hora que vive la República. Y asimismo peligrosas para la unidad nacional” (El Caribe 04/12/13)
“El excesivo protagonismo del ministro Montalvo expresado en un conjunto de acciones y propuestas en torno a la delicada situación jurídica, política y social derivada de la sentencia del Tribunal Constitucional parece comprometer al Gobierno en su conjunto en un tipo de abordaje que en vez de despejar hace más densa la humareda” (El Nacional 03/12/13)
“Si el Gobierno, en vez de firmeza decide posternarse ante los poderes extranjeros, que no espere respeto en la calle” (Orlando Gil, Listín 06-12-13)
“La CIDH ya fijó su posición” editorializó El Día el 04/12/13: “En otras palabras, fijó su posición antes de venir al país, por lo que su presencia no tiene más que un rigor protocolar”.
Por suerte que hubo instancias que no se prestaron al juego de la CIDH, a todas luces perjudicial para el país.