Redacción.- La eutanasia, debido a su complejidad, despierta polémicas y envuelve aspectos morales, éticos y religiosos, que complican la negociación. Esta práctica está penalizada por la ley en la mayoría de los países, mientras que en otros es considerada un derecho; sin embargo, en la República Dominicana sigue siendo un tabú.
Bartolo Jiménez Rijo, en un proyecto de grado de la Universidad Central del Este (UCE), realizó una investigación para analizar la aplicación de los derechos humanos en relación con la eutanasia o muerte asistida en el país. A nivel mundial, existe un movimiento creciente que apoya la eutanasia como una forma de respetar y garantizar los derechos individuales.
La eutanasia ocurre en circunstancias específicas relacionadas con el sufrimiento y la calidad de vida de una persona, donde se permite acelerar la muerte del individuo debido a una enfermedad incurable para evitar su sufrimiento. Asimismo, se realiza bajo las siguientes condiciones: enfermedad terminal, sufrimiento intolerable, consentimiento informado, evaluación médica y cumplimiento de las normas legales.
Sin embargo, Jiménez Rijo, explica que en la República Dominicana, la eutanasia sigue estando prohibida debido a diversas razones, incluidas motivaciones religiosas. Según el estudio de la UCE, esta prohibición desafía los principios constitucionales que aseguran la dignidad humana y la autonomía personal, derechos que deberían ser protegidos en primer lugar.
En la investigación, los hallazgos reflejan una tendencia global hacia el reconocimiento de la eutanasia como un medio para asegurar los derechos fundamentales de las personas.
Prohibición de la eutanasia en el país
Jiménez Rijo, plantea que en la República Dominicana, la eutanasia no está legalmente reconocida, lo que limita el derecho a una muerte digna en casos de sufrimiento extremo.
Asimismo, señala que en los países donde la eutanasia es legal, se establecen condiciones estrictas para su aplicación, lo que permite respetar la autonomía del paciente y su dignidad. En RD, la ausencia de legislación sobre la eutanasia deja a muchos pacientes terminales en condiciones inhumanas. Se argumenta que una ley adecuada sobre eutanasia podría implementar procedimientos éticos y respetuosos, utilizando los recursos disponibles en el país, pero se necesita voluntad política para avanzar en este tema. La Declaración de Helsinki y otras normas bioéticas reconocen la autonomía del paciente, que debe ser respetada por los profesionales de salud, en consonancia con los derechos humanos consagrados en la Constitución dominicana.
A nivel global, Bartolo Jiménez, plantea que hay una creciente tendencia a reconocer la eutanasia como un medio para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, especialmente en pacientes críticos. Aunque la ética médica tradicionalmente prioriza salvar vidas, existen circunstancias en las que prolongar el sufrimiento puede ser considerado antiético, especialmente cuando la calidad de vida es insostenible. En tales casos, el derecho del paciente a decidir sobre su propio final, basado en la autonomía personal, cobra relevancia.
Eutanasia en América Latina y otros países
En América Latina, solo Colombia permite la eutanasia para pacientes con enfermedades terminales y una expectativa de vida de menos de seis meses, bajo condiciones estrictas. Los críticos temen abusos, pero la implementación de protocolos claros y regulaciones puede mitigar estos riesgos.
Declaraciones como la de Helsinki sobre bioética han sido actualizadas para asegurar que los profesionales médicos respeten la dignidad y autonomía del paciente, alineando así la práctica de la eutanasia con los principios de derechos humanos y las leyes nacionales.
Además de Colombia, existen otros seis países en el mundo donde es legal la eutanasia activa. Estas naciones son; España, Nueva Zelanda, mientras que, Países bajos fue el primer lugar en el mundo en aprobar la eutanasia activa en abril del 2002.
Luxemburgo aprobó la legalización de la eutanasia en marzo de 2009. En Canadá, la eutanasia, es conocida como «asistencia médica para morir», y fue legalizada junto con el suicidio asistido en junio de 2016.