Un juicio paralelo es ese que se desata en la opinión pública al insistir en conectar persona y delito, “ideando” una responsabilidad penal generada al margen de pruebas y de un proceso judicial con todas las garantías. Es fácil, se vende bonito y se compra barato.
El acusado exhibido en los medios como culpable se convierte a los ojos de muchos en una especie de “apestado” sobre el que recae un prejuicio social de culpabilidad (Nieva Fenoll) del que muy difícilmente podrá librarse independientemente de que en realidad sea inocente.
Como es tan efectivo el cotilleo en los medios, hay fiscales que aun antes de acusar, conectan públicamente a una persona con el delito, ofreciendo una automática “suposición de culpabilidad” que aviva la condena social y les alivia la carga de investigar y demostrar con seriedad.
Penoso es que a mayor difusión y uso de la libertad de información y de expresión, no se exija mayor responsabilidad institucional ante esta puñalada certera a la presunción de inocencia y a la radicalización del linchamiento social por simples sospechas, sin pruebas ni condenas.
Pero el peligroso alcance de los medios de comunicación para una creación imaginaria de la criminalidad (Barja de Quiroga) trasciende hasta los jueces que han de fallar el caso, afectando la correcta administración de justicia por la distorsión previa a las resultas del caso.
Es innegable que el juicio mediático trastoca el desarrollo imparcial del proceso, pues el juez que valora el expediente es previamente impactado por la valoración hecha por la opinión pública y por el riesgo de perder su trabajo si se atreve a desoír ese clamor popular.
¡Que siga el circo! dirán algunos y desde esta esquina se les responde: sí, que siga el espectáculo, continuemos con estos pseudo-procesos en los medios, hasta el día en que toquen a tu puerta y sufras en carne propia la lesión de tus derechos fundamentales. Hasta entonces, sigamos.