Servio Tulio Castañoz
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) informó este martes que apoya que al Tribunal Constitucional se le entregan potestades de control para que sus decisiones sirvan de brújula que guié la aplicación de la Constitución por los jueces ordinarios.
Está a favor que la iniciativa, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso, establezca mecanismos que garanticen la revisión de las sentencias que adopte el poder judicial, incluso las emitidas por la Suprema Corte de Justicia.
“Una sentencia es un acto de poder y, como tal, puede vulnerar los derechos fundamentales de la ciudadanía, por eso debe ser objeto de control constitucional. Y, para evitar que el Tribunal Constitucional se convierta en una cuarta instancia o que se produzca un “entaponamiento jurisdiccional” que afecte la eficacia de las garantías fundamentales, es más que válido el establecimiento de una cláusula de admisibilidad que exige una “especial relevancia o transcendencia constitucional” para que éste pueda seleccionar los casos en que deba pronunciarse”, dice el vicepresidente Ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños.
Castaños expone que “para garantizar la seguridad jurídica es que precisamente debe permitirse que el Tribunal Constitucional pueda revisar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que desapliquen normas ordinarias por inconstitucionales a través del control difuso y cuando se aparten de los precedentes del Tribunal Constitucional”.
Arguye que las decisiones del organismo Constitucional tienen carácter vinculante para todos los poderes públicos y producen una eficacia general que no tienen las sentencias de la Suprema Corte de Justicia.
Finjus dice que la jurisdicción constitucional viene a ser el principal instrumento de garantía para la efectiva realización de los principios de supremacía e integridad de la Constitución, de las bases del sistema democrático y del orden de valores que conforman el Estado de derecho, convirtiéndose así en un guardián de los derechos fundamentales de todos los habitantes del país.
En el panel “Análisis del Proyecto de Ley sobre la Jurisdicción y Procesos Constitucionales sometido al Congreso”, el vicepresidente Ejecutivo de la Finjus afirma que son conscientes de que para fortalecer la justicia constitucional es imprescindible elaborar un instrumento normativo que sistematice todas las garantías y mecanismos de protección de los derechos fundamentales, tales como el habeas corpus, el amparo o el habeas data.
“La dispersión normativa no facilita el afianzamiento de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Por eso FINJUS apoya la iniciativa de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procesos Constitucionales que sometió el Poder Ejecutivo a la consideración del Congreso Nacional”. Dice que esa iniciativa parte de una propuesta que FINJUS trabajó en el curso de los últimos tres años.
Castaños expuso que la iniciativa legislativa aborda de manera integral los procesos y procedimientos constitucionales de tutela y protección de los derechos fundamentales, con la sola excepción del habeas corpus, regulado en el Código Procesal Penal.
