El Estado y la sociedad se comportan como un sistema orgánico y vital en el que las demandas y las respuestas (o la falta de éstas) se suceden en una relación de correspondencia biunívoca que parece no tener fin.
Esto representa un reto para el gobierno que juega el rol de equilibrista nivelando las relaciones entre los diferentes actores sociales e institucionales.
Por un lado está la agenda de la sociedad, con sus consabidas demandas y problemáticas que ameritan toda la atención del gobierno que ella eligió precisamente para resolver tales dilemas. Por otro lado están las agendas de los diferentes poderes del Estado: la legislativa, la jurídica y la del propio poder ejecutivo. Finalmente, podemos encontrar la agenda de las relaciones internacionales, que incluye a los inversores y a los países con los que se tienen relaciones comerciales.
Ese cúmulo de intereses diversos tiene el potencial de crear epicentros de tensión a lo largo del calendario que amenazan la gobernabilidad.
Es por esta razón que se impone que los equipos de gobierno sean capaces de monitorear constantemente el universo de todos y cada uno de los actores sociales, económicos y políticos de manera que se tracen con anticipación los planes y estrategias capaces de aliviar esos nodos de tensión con propuestas democráticas.
Las luchas de intereses son parte de la democracia, lo importante es que el gobierno se transforme en el gerente y referente de estas complejas interrelaciones guiado por un plan que ha sido capaz de prever los focos de conflicto y sus soluciones. Es lo que se llama una Agenda para la Gobernabilidad.
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