La campaña Migrar es un derecho documenta más de 1.500 detenciones sin órdenes judiciales en Puerto Rico.
San Juan.– Reconocidas figuras que migraron a Puerto Rico comparten sus experiencias personales y denuncian las constantes redadas de agencias federales en el archipiélago, a través de la iniciativa audiovisual ‘Yo migré’, lanzada este jueves.
Desde agosto de 2025, la campaña ‘Migrar no es un crimen, migrar es un derecho’ ha documentado un patrón sostenido de violencia institucional contra comunidades inmigrantes en Puerto Rico.
El proyecto surgió como respuesta al aumento de intervenciones federales desde enero del año pasado, que han resultado en más de 1.500 detenciones, en su mayoría de personas sin antecedentes penales y sin órdenes judiciales firmadas por un juez.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico y Comuna Caribe, promotores de la iniciativa, destacan que con ‘Yo migré’ buscan «romper la narrativa de miedo y criminalización».
El objetivo es recordar que «detrás de cada deportación hay familias, trabajo, comunidad y una vida que merece dignidad», señalaron las organizaciones que lideran la campaña ‘Migrar es un derecho’.
Carlos Weber, Felipe Gómez, Larissa Dones, Eyra Agüero, Romelinda Grullón, Leonard Prophil y Pilar Lara participan para denunciar violaciones de derechos, romper estigmas y fomentar la protección de las personas migrantes.
Entre ellas figuran personas originarias de Chile (Weber, periodista), República Dominicana (Grullón, fundadora del Centro de la Mujer Dominicana), Haití (Prophil, líder comunitario) y México (Lara, maestra de educación Montessori).
«Mi salida de Chile fue obligada, yo no quería migrar de mi país, pero se impuso una dictadura militar y las opciones eran prisión o exilio», cuenta Weber, residente en Puerto Rico desde 1989.
Grullón, quien emigró en 1982, explica que lo hizo para «tratar su situación emocional y de violencia», y defiende que «la mayoría de las personas no emigran por gusto, sino por la crisis económica y social en sus países de origen».
Las organizaciones concluyen que «Puerto Rico no puede normalizar la violencia institucional y exigimos protecciones reales, acceso igualitario a servicios esenciales y que los recursos del país se utilicen para cuidar a su gente, no para perseguirla».
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