La solución a la grave crisis económica y social actual pasa por la puesta en práctica de una real responsabilidad social empresaria. Pero tal idea resulta desconocida, si no obviada adrede, por la mayoría de los entes del sector productivo nacional. Y eso es muy grave.
Abundan aquí los indiferentes a la cotidianidad de las comunidades donde operan. Los “vivebien” cuyas agallas superan a las del más grande tiburón blanco de los océanos, aunque rumien su condición de padres de la patria, por los empleados en sus nóminas, utilizados en el fondo para engordar plusvalías mientras los empobrecen y, al final, los mandan a morir de cáncer, sin poder comprar siquiera analgésicos para calmar los dolores insoportables.
Esos andan lejos de respaldar soluciones comunitarias de servicios como agua potable, recolección y disposición de basura, electricidad, aguas sanitarias, viviendas, calles, empleos; construcción de plazas, apoyo para seguridad pública…
No les interesa porque consideran que esas precariedades son responsabilidad del Estado. O porque asumen a sus vecinos y vecinas con tal nivel de indigencia económica y mental que, desde su perspectiva, solo son capaces de morirse de indiferencia ante los males sociales sufridos, que reclamar el derecho a vivir con dignidad frente al boato estrellado en sus caras.
Quien tenga dudas de estos indeseables asertos, que vaya por esas calles de Dios, en el territorio nacional, y verifique cuántas empresas hermosean su entorno, bachean por lo menos las calles que dañan con sus vehículos pesados, se integran a las comunidades vecinas y les devuelven parte de lo que les quitan, resuelven problemas de contaminación y hacinamiento, auspician clubes deportivos y culturales, instalan talleres para formar técnicos, becan estudiantes para las universidades o hacen suyas las luchas de los pobladores… La mayoría ve esto como un gasto innecesario.
Ni cerca de sus mentes anda el término responsabilidad social. Asumen que eso es compromiso de los otros, comenzando por el Gobierno, el cual –según ellos– debe comenzar por reducir gastos sociales y mantenerles exenciones irritantes por su condición de patriotas, si quiere enfrentar la crisis.
Y reducir gastos sociales, en el idioma que controla esa academia, significa fuñir más a los fuñidos: los pobres e indigentes. Exenciones significa subsidios onerosos para conservar los “empleos” en sus empresas para poder “ayudar a la gobernabilidad”.
En esa carrera loca, a muchos empresarios y empresarias les urge una parada técnica para revisar misión, visión y valores, si los tienen. Porque es imposible arrinconar la violencia social en guetos que les libren de mal. Todo lo contrario: ella desbordó hace rato los límites de los suburbios y se ha incrustado en cada rincón, sin reparar en clase perfumada, por más blindada que ésta se sienta.
De nada vale el dinero si solo está en manos de unos cuantos y no hay paz. La solución a la crisis socioeconómica debe venir por la vía de la responsabilidad compartida, del sacrificio también de quienes se han aprovechado de la ubre cuando ha estado rica en leche. Porque si un día todo se descompone sin retorno, el empresariado será uno de los grandes perdedores.
FÉLIX BAUTISTA Y YO
Siempre he advertido a mi familia y mis amistades, que quien me diga ladrón, sin serlo, en un medio de comunicación, no me verá en la justicia porque no hay disculpas que borren los daños provocados. Y que por ello, durante un cuarto de siglo de ejercicio profesional continuo en este mundo de chismes donde me ha tocado ejercer como sobreviviente, he cuidado el honor de las personas citadas en mis historias, bajo el entendido de no hacerle a otros lo que no me gustaría que me hagan a mí y a los míos.
No sé cómo el senador y ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisoras de Obras del Estado, Félix Bautista, sintiéndose inocente, soporta tantas acusaciones públicas de corrupción administrativa. Tal vez necesito hacer un curso intensivo para aprender a decir de manera olímpica que eso es persecución política, y así dormir tranquilo, como un lirón.
Si yo fuera el influyente funcionario del gobierno de Leonel Fernández, lo menos que haría sería olvidarme de la inmunidad parlamentaria y de los consejos de alabarderos mediáticos agradecidos. Entonces me sentaría en el despacho del Procurador General, Francisco Domínguez Brito, y no saldría de ahí mientras a los investigadores judiciales les quede una dosis de duda sobre la caterva de imputaciones aireadas en los medios.
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