La necesidad de una reforma tributaria en los momentos actuales se reconoce cuando se toma en cuenta que durante los gobiernos de Joaquín Balaguer el 50% del presupuesto se gastaba en obras de infraestructura y solo el 50% restante en gastos corrientes. Hoy día, en contraste, tan solo el 10% se dedica a inversiones. En eso influye el hecho de que durante muchos años nuestro presupuesto ha sido deficitario y ha tenido que ser cubierto con endeudamientos por montos tales que hoy día un 25% de lo que se recauda en impuestos se dedica a pagar los intereses de la deuda interna y externa.
La pandemia del COVID-19 nos obligó a establecer un programa de subsidios que todavía se mantiene con mecanismos como la tarjeta Solidaridad. Pero, además, una alta proporción de los que consumen electricidad en sus hogares no la pagan y esa es una tercera razón que explica los altos niveles de gastos corrientes. Agréguese a eso que los combustibles se venden por debajo de su costo y que durante el gobierno del PRM, al igual que en los anteriores, la cantidad de empleados públicos ha aumentado, por lo que todo eso explica la baja proporción en inversiones de capital con relación a gastos corrientes. Además, nuestros ingresos tributarios como porciento del tamaño de la economía son mucho más bajos que los de la mayoría de los países de América Latina.
Es mucho lo que se puede hacer para reducir los gastos corrientes, pero aun así se requiere de una reforma tributaria. Pero nuestra historia evidencia que estas reformas tan solo han tenido lugar en momentos de grandes crisis económicas. El ITBIS, por ejemplo, fue establecido en 1983 dentro de la “década perdida” latinoamericana y bajo un programa con el FMI y aun así se excluyó del mismo el grueso de la canasta familiar. En 1990 Balaguer llevó al país a un estancamiento tal que existían largas filas de vehículos en espera de conseguir combustible. Con ayuda de Naciones Unidas Balaguer estableció una amplia reforma tributaria y arancelaria. En contraste, hoy día la economía dominicana está en una etapa de gran prosperidad, tal y como lo acaba de describir en Naciones Unidas nuestro presidente Luis Abinader. Tenemos una tasa de crecimiento de las más altas de América Latina con una muy baja tasa de inflación, altas reservas monetarias y ya somos la séptima economía más importante de América Latina. El precio de nuestras exportaciones, oro, cacao y café está a niveles muy altos, el turismo está creciendo al 10% anual, como también lo hacen las remesas y la inversión extranjera.
No solo la estable situación económica hace cuesta arriba justificar una reforma tributaria, sino que el presidente Abinader, muy juiciosamente, se ha comprometido a no reelegirse y eso lo debilita cada día más dentro de su propio partido donde varios pretenden ser su sustituto. Eso dificulta lograr que el partido de gobierno pueda aplicar su mayoría absoluta en el Congreso para lograr la reforma tributaria. Esa dificultad aumentará cada día más en la medida en que nos acerquemos a las elecciones.
Mientras tanto, la inversión privada nacional y extranjera está paralizada a la espera de conocer en qué consiste esa reforma. Tanto por la existencia de la no reelección como por la antes referida paralización es urgente que dicha reforma tenga lugar lo más pronto posible.
Ojalá que incluya como principios el no empeorar la distribución del ingreso y no gravar más a los que ya pagan, sino a los que hoy no contribuyen con el fisco.