El Fondo Monetario Internacional, en su diagnóstico final sobre la economía nacional y sus desafíos para mantener la estabilidad financiera, concluyó que es imperativo una reforma fiscal integral.
No se trata en modo alguno de una imposición, ni siquiera de una propuesta en el sentido estricto, sino de un consejo, que además de previsor, coincide con la visión ya advertida desde el gobierno y distintas esferas oficiales.
El FMI plantea, que ante este imperiosa reforma fiscal integral, la misma debe elevar de forma duradera los ingresos fiscales y por esa vía poder solventar los gastos del Gobierno central, dinamizar la economía y cumplir con los pagos en los servicios de la deuda interna y externa.
Admitida esa necesidad y sus razones, lo crucial antes de acometer la dicha reforma, es que el Gobierno y todas las dependencias de la amplia burocracia en la administración pública, estén dispuestos a apretarse el cinturón y racionalizar los gastos, porque bajo ninguna circunstancia y argumentos, los sacrificios deben ser cargados únicamente por la población, sobre todo la de los estratos más vulnerables.
El ejemplo debe ser dado en primer término por el Gobierno y sus autoridades y que esto no quede solo en palabras, sino claramente plasmado en la forma en que esa reforma fiscal se realizará para que resulte verdaderamente integral.
En su informe, los técnicos del FMI sugieren ampliar la base tributaria y la eliminación de exenciones, en paralelo con una reducción de la evasión fiscal y una mejora en la eficiencia en el gasto, incluidos menores subsidios al sector de la electricidad.
En este último y sensitivo punto de la electricidad, es claro que en la elaboración de la reforma habrá que prever de qué manera esto impactará los presupuestos familiares y también los costos de producción en diferentes renglones.
Previendo estas consecuencias, el FMI plantea atenuar el impacto en los más vulnerables mediante medidas focalizadas a través de programas sociales existentes, lo cual luce viable.
Es inevitable que todo esto implique algún grado de perjuicio y sacrificio para la población, pero insistimos que para lograrlo el primer paso debe darlo el Gobierno con muestras de austeridad y firme decisión de gastos racionales sin espacio para el dispendio.