En un país con tantas carencias aun insatisfechas en servicios básicos que afectan a grandes segmentos de la población más vulnerable, es una aberración irritante y por demás inaceptable, que un organismo del poder del Estado siga ejerciendo un uso cuestionable de fondos multimillonarios con un pretendido estandarte de ayudas sociales.
Como dice la sabiduría popular, llora ante la presencia de Dios que mientras esos núcleos poblaciones siguen desprotegidos, el Senado haya gastado casi 370 millones de pesos a través del denominado Barrilito en 2023 y que en lo que va del 2024 ya sobrepasa los 190 millones de pesos.
Es cierto que los informes contables sobre las asignaciones y partidas de gastos del Barrilito son ahora más precisos, y detallados, pero aun así no se explica que los senadores se aferren a seguir perpetuando el Barrilito, desoyendo el clamor de diferentes sectores de la sociedad para que sea eliminado.
¿Cómo se puede pedir más sacrificios, y tolerancia a la población dominicana de diferentes estratos, pero principalmente a los que menos tienen y que viven con grandes limitaciones frente a una inminente reforma fiscal, mientras persiste este derroche de recursos desde la Cámara Alta?
Los legisladores tienen que concentrarse en elaborar leyes provechosas y justas, pautadas y enfocadas siempre en función del interés colectivo.
Los nuevos congresistas que inician su gestión a partir del 16 de agosto deberían meditar serenamente sobre todo esto y dar un ejemplo al país, sin dejarse arrastrar por los legisladores que repiten y eliminar el Barrilito, sentando así un precedente ejemplar que les daría más respeto, reconocimiento y apoyo popular al Senado, dejando atrás esta criticada sombra.