Durante décadas, la corrupción administrativa ha sido uno de los males más dañinos y persistentes en el país, y de ahí el clamor de que sea combatida y de que haya un efectivo sistema de consecuencias para erradicarla o cuando menos reducirla de forma drástica.
Pero no solo los grandes casos detectados causan preocupación porque a pesar del sentimiento y el esfuerzo anticorrupción, todavía hay prácticas clientelares igualmente trastornadoras que entrañan distracción y dispendio de recursos públicos.
Una muestra actual de ese insuperado fenómeno social es la tendencia de crear botellas, como se define en el lenguaje popular a puestos remunerados en la administración pública para beneficiar a personas que en muchos casos no realizan labor alguna porque ni siquiera acuden a las dependencias donde figuran en la nómina.
Un trabajo de investigación realizado por El Informe, que se centró en el seguimiento de cuatro personas, tres de ellas con sueldos que oscilan entre los 75 mil y 120 mil pesos mensuales, puso al descubierto como la práctica de las botellas aún se mantienen en algunos estamentos del Estado.
Lo más preocupante es que, a juzgar por el modus operandi en que esta práctica persiste sin que aparentemente nadie se preocupe por detectarla o prevenirla, los casos citados podrían ser tan solo una pequeña muestra de un problema que podría tener mayores dimensiones.
¿Quién está llamado entonces a velar por que no haya botellas, que todo el que reciba un ingreso del Estado sea en realidad alguien que desempeñe una función necesaria y que su ingreso no sea fruto de amiguismo ni de una retribución por adhesiones o favores partidarios?
Tal como ha señalado Participación Ciudadana, el clientelismo y sus consecuencias negativas tienen que ser eliminadas de la forma de hacer política porque afectan el buen uso de los recursos públicos, desviando fondos que deben ser utilizados en programas públicos para mejorar la educación, los servicios de salud y la seguridad social.