La aprobación en primera lectura del Código Penal en la Cámara de Diputados es un proceso crucial y delicado, que se ve afectado por la compleja dinámica política y los intereses en juego.
En el caso nuestro, donde el proyecto lleva años en el Congreso sin lograr avanzar, se refleja claramente la falta de voluntad política y la dificultad para alcanzar consensos significativos.
Es preocupante observar cómo, a pesar de la urgencia y la importancia del tema, es ahora, al último minuto que los legisladores quieren resolver de forma express.
Los senadores enviaron la pieza luego de aprobarla al vapor, algo que algunos miembros de la cámara alta calificaron como un palo asechado.
Ahora los diputados han enviado el proyecto a una comisión especial, que con el más mínimo cambio, tendrá que volver al senado. Y por supuesto, con todos los puntos cuestionados, imposible aprobarlo tal como está.
Con solo 15 días restantes para el cierre de la legislatura, la incertidumbre sobre el destino del proyecto es palpable. La falta de consenso real sobre puntos neurálgicos, que incluso excluyen temas tan sensibles como las tres causales, revela las profundas divisiones y la dificultad para llegar a acuerdos en temas tan fundamentales para la sociedad. Entre los temas que se destacan el plazo de la prescripción en las infracciones de incesto o violaciones contra niños, niñas y adolescentes, las sanciones a los padres por las acciones consideradas abusivas cuando corrigen a sus hijos y la prescripción de infracciones contra el patrimonio público.
El panorama de estancamiento en torno a este Código también plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema político para abordar y resolver asuntos clave que afectan a la población. La ciudadanía, que espera reformas que puedan mejorar el marco legal y fortalecer la justicia, ve cómo el tiempo sigue pasando sin avances concretos.
En resumen, la situación descrita pone de relieve la necesidad urgente de que los líderes políticos encuentren vías de diálogo y compromiso efectivo para superar las barreras que impiden la aprobación del Código Penal. Además deben escuchar, porque las críticas vienen prácticamente de todos los sectores. Solo así se podrá avanzar hacia un sistema jurídico más justo y adecuado a las necesidades actuales de nuestra sociedad.