En tiempos de desastres y tragedias que afectan a grandes conglomerados de personas, es un gesto apreciable y digno de encomio que por el bien común se dejen de lado diferencias políticas y partidarias para cerrar filas e ir en auxilio de las comunidades afectadas, en este caso el huracán Fiona.
Aunque con observaciones y advertencias de algunas bancadas en la Cámara de Diputados, ese fue el ejemplo y la buena señal cuando se aprobó a unanimidad la solicitud del Ejecutivo de un estado de emergencia de 45 días, debido a los daños dejados por el fenómeno en varias regiones del país.
Esta en principio correcta actitud solidaria fue ratificada este miércoles en el Senado, pero es oportuno llamar la atención sobre el hecho de que, sin explicación o datos que lo justificaran, se incluyó en el estado de emergencia a Santo Domingo, Santiago, y La Vega donde el huracán no impactó directamente, ya que solo recibieron lluvias.
También debería explicarse la razón por la cual, de un grupo inicial de 8 provincias, según las evaluaciones entonces preliminares de las propias autoridades, se elevó luego a 12 las demarcaciones territoriales incluidas en la solicitud de emergencia al Congreso nacional.
En principio se habían identificado en emergencia las provincias La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Monte Plata y Samaná, agregándose Santo Domingo, Santiago, San Pedro y La Vega.
Si es por intensos aguaceros e inundaciones, que en cualquier región del país se producen de tiempo en tiempo y sin necesidad de que haya una tormenta o un huracán, entonces aquí tendríamos que vivir permanentemente bajo un estado de emergencia.
Además, independientemente de lo desproporcionado o injustificado de esa declaración de emergencia en provincias que no sufrieron daños severos, el problema o dificultad es garantizar que se dé un uso diáfano y correcto a las facilidades de corto plazo que este proceso entraña al liberar de tramites las licitaciones que sean realizadas.
Es penoso que en la aprobación al vapor de este miércoles, algunos legisladores consultados por Noticias SIN, tanto del oficialismo como de la oposición, admitieron de hecho que actuaron de forma mecánica, dando su visto bueno sin detenerse a ver o preguntar los detalles específicos sobre la cuantía de los daños en cada provincia.
Como el presidente Abinader ha sido un abanderado del manejo transparente de los fondos públicos, es de esperar que mantenga una estricta vigilancia y supervisión para que la emergencia se aplique en las zonas realmente afectadas y que los beneficiarios sean las familias realmente damnificadas.