Durante décadas y basados en realidades comprobadas por la práctica, grandes juristas han defendido la máxima de que justicia retrasada es justicia denegada.
En otras palabras y dicho de manera más directa, que los procesos judiciales deben realizarse en tiempo oportuno mediante dictámenes justos que puedan establecer inocencia o culpabilidad de los imputados.
Decimos esto a propósito de lo que ha pasado hasta ahora con el caso de los sobornos por 3.5 millones de dólares que la empresa brasileña de aeronáutica Embraer dijo haber pagado en el país para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano.
A pesar de que ese escándalo por corrupción salió a la luz pública a raíz de la compra de esos aviones en 2007, con la justificación de que ayudarían a combatir el narcotráfico, fue 15 años después en 2022 cuando los imputados fueron declarados no culpables.
El ministerio público apeló y el proceso tuvo que comenzar de nuevo desde cero, luego de que la sentencia fuera impugnada por una corte, alegando errónea aplicación de normas jurídicas.
A estas alturas la suerte de este sonado caso esta aun en veremos y nadie puede prever hasta cuando se alargará, ya que según el Ministerio Publico, más del 90 por ciento de las dilaciones que ha sufrido se deben a incidentes provocados por los acusados y sus respectivas defensas.
¿Que pasara entonces con el caso de los Super Tucanos?
¿Se podrá hacer justicia y sentar un precedente de buena administración judicial, libre de sospechas, cuestionamientos o suspicacias? Esa es la gran pregunta y la respuesta deben darla los tribunales.