Es bien sabido y el pueblo así lo percibe, sin necesidad de ningún estudio especializado, que solo cuando hay complicidades en esferas del poder público, es posible cometer acciones a gran escala del crimen organizado que compromete el control de dependencias bajo la responsabilidad de instancias oficiales.
Esa conclusión, basada en un interminable recuento de situaciones anómalas que, de tiempo en tiempo son detectadas, se basa por ejemplo en hechos conocidos como el negocio y control en algunas cárceles dominicanas por parte de personeros del crimen a nivel internacional.
Las episódicas intervenciones de esos recintos penitenciarios no han resuelto esta grave anomalía por una suerte de indiferencia o inacción en que los males se acumulan y aumentan en perjuicio de miles de privados de libertad, muchos de ellos preventivos y sin posibilidad a la vista de que sus casos sean conocidos en los tribunales.
La situación no se limita a las cárceles sino que abarca diversas modalidades en que operan redes y entramados del crimen organizado y lo que ha llamado la atención ante la opinión pública, a propósito de la reciente operación Halcón 4, que el Ministerio Publico haya revelado que se han evidenciado complicidades de distintos organismos de investigación del Estado.
Se trata de un hecho sumamente grave y por ello las autoridades sostienen que los responsables serán sometidos a procesos disciplinarios e incluso penales para ser separados de las instituciones oficiales a que pertenecen. Sin embargo, el proceso debe ir más allá, el país necesita que sean identificados y que sus casos sean conocidos y ventilados para que se conozca las autoridades que, en lugar de protegernos, se unen a criminales que amenazan la paz y la seguridad nacional.
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