La fortaleza de la democracia reside en el respeto a la institucionalidad y la credibilidad de los procesos electorales, una tarea en que los partidos políticos y sus dirigentes tienen que jugar un papel clave.
La Junta Central Electoral tiene la responsabilidad de organizar los comicios y garantizar que transcurran sin traumas y que se realicen en igualdad de derechos y condiciones.
Por eso nos llama la atención el hecho de que el Órgano Electoral haya anunciado que otorgara duplicados de cédulas de forma gratuita del primero al 16 de mayo, una práctica que aunque es vieja, y se ha hecho en el pasado, puede prestarse a la compra de ese documento como se denunció que se produjo en las pasadas elecciones municipales en febrero.
Además, resulta chocante que partidos de oposición, que han estado denunciando la compra de cédulas, hayan figurado entre las organizaciones políticas que propusieron en una mesa técnica, que la Junta facilitara estos duplicados a quienes lo soliciten en el periodo previo a las próximas elecciones.
¿Cuenta la Junta con los medios para determinar si los ciudadanos que se acojan a la facilidad realmente perdieron el documento? De lo contrario, muchos de los que en realidad se prestaron para vender sus cédulas en febrero, podrían de nuevo usarla para su lucro personal y de esta forma incurrir en una grave falta y un flaco servicio a la institucionalidad democrática.
El hecho de que se trata de una vieja práctica y de que no esté prohibido, no es un argumento válido para ignorar los riesgos que entraña abrir la posibilidad de esta avalancha de cedulas duplicadas sin la certeza del uso que se le daría.
Recuerden fue la compra y venta de cedulas fue el delito más evidente que detectaron los observadores de Participación Ciudadana y la OEA en las pasadas elecciones.