¿Finalmente en la cancha de qué instancia o funcionario está la pelota con respeto a la investigación del caso de Diandino Peña? Muchos se formulan esta pregunta, pero no hayan respuesta porque en este país, cuando hay poco interés en resolver una situación, se tiran la pelota de un lado al otro.
Se hace un poco difícil entender por qué tanto rodeo, cuando las violaciones, mínimamente con respecto a sus declaraciones juradas estaban más que claras. Más allá de la declaración, quedaba por determinar de dónde provienen los más de 21 millones de dólares inyectados al proyecto de Silver Sun de tres off shore, que según el propio ingeniero no tenía activos ni realizaban operaciones. Otro punto importante, sus empresas locales que no operan año tras año, pero cuentan con millonarios certificados de depósito.
El presidente de la Cámara de Cuentas dijo que ellos ya emitieron su opinión hace mes y medio a la procuraduría, por lo menos con respecto a la declaración jurada de bienes y pidió que le preguntaran al Procurador, porque es a él quien le toca investigar.
Bueno, el capítulo de Competencia y clase de responsabilidad de la Ley de Cámara de Cuentas, dice textualmente que ese organismo es competente para establecer las responsabilidades de carácter administrativo y civil, así como para señalar los hechos que constituyan indicios de responsabilidad penal. También indica que cuando de los resultados de auditorías, estudios e investigaciones practicados por los auditores de la Cámara Cuentas se establezcan indicios de responsabilidad penal, se debe informar al Ministerio Publico, a los organismos especializados de la prevención e investigación de la corrupción, a las autoridades administrativas y judiciales competentes, entre otros.
Este dispositivo es bien preciso al señalar que deben incluirse las evidencias recopiladas que respaldan sus observaciones. Ahí claramente habla de estudios e investigaciones. No quiero pensar que en la Cámara de Cuentas se están lavando las manos como Poncio Pilato y no sé qué pensar del silencio del procurador.
Lo que sí está claro es que no parece haber voluntad política para investigar. Seguro dirán que Odebrecht les ha acaparado toda su atención. Buena excusa, porque esto le habrá dado tiempo suficiente al ingeniero Peña para desaparecer, arreglar o cotejar sus cuentas. La destitución forma parte de las sanciones disponibles, pero no exime de una investigación penal. Si no damos ejemplo de que las declaraciones juradas y la información que contienen tienen que ser una radiografía de su patrimonio y compaginar con la realidad, seguirán siendo un simple formulario, un pedazo de papel que solo llena un requisito, pero sin verificación alguna o consecuencias, cuando en verdad deben ser, tal y como propuso el vice presidente de la FINJUS este miércoles, un requisito hasta para los candidatos políticos, que las sometan a su partido y que la JCE prohíba su inscripción como candidato, si no cumplen. Otra propuesta, que la Cámara de Cuentas audite un 10 por ciento o por lo menos un 5 por ciento de todas las declaraciones entregadas. De esta forma por lo menos se convertirá en una medida disuasoria para los que pretenden engañar al Estado y a los ciudadanos.