Distraer recursos del Estado para provecho particular es un acto de corrupción condenable en cualquier circunstancia.
Pero en momentos cruciales como el actual, donde muchas comunidades han perdido sus viviendas y sus pertenencias por los efectos del huracán Fiona, esas acciones ilícitas constituyen actos más que reprochables, pues privan a los afectados de recibir la ayuda que necesitan en tiempo oportuno.
De ahí el temor de que las licitaciones para la compra de materiales e insumos desde organismos públicos para socorrer a los damnificados, declaradas de emergencia para facilitar su ejecución sin mayores demoras, puedan prestarse para maniobras dolosas como ha ocurrido en el pasado.
Ese riesgo es tan real, que tras declarar la emergencia mediante decreto, el propio presidente Abinader dio una oportuna y disuasiva voz de alerta, diciendo que el funcionario que en este proceso se aproveche para incurrir en actos dolosos, tendrá que enfrentar sometimientos también de emergencia.