El gobierno ha hecho muy bien en encabezar un movimiento, que cuenta con el apoyo de Costa Rica y Panamá pidiendo una intervención en Haití. Pero ir más allá y tomar medidas que pueden provocar violencia es algo muy diferente y desaconsejable.
Dos lamentables declaraciones del canciller de Haití y un tweet de un funcionario de nuestra cancillería anunciado la paralización de los otorgamientos de visados para estudiantes haitianos dieron inicio a un conflicto que se ha amortiguado con una declaración del primer ministro haitiano y la aclaración por parte del presidente Abinader de que las visas se mantendrían para los que ya estaban en el país. Pero ya el daño internacional sobre esa noticia estaba hecho.
El presidente Abinader aclaró luego que el propósito de la medida es evitar que miembros de las bandas haitianas vengan, alegando que son estudiantes, por lo que la renovación de esas visas estará sujeta a una depuración. ¿Qué interés pueden tener los miembros de esas bandas que controlan mucho territorio en Haití por venir a nuestro país donde no controlan nada? Es algo que nadie ha explicado. Otra cosa sería que huyan de su país una vez lleguen tropas internacionales para eliminarlas.
Así como el presidente Abinader, después de todas las declaraciones de sus propios funcionarios diciendo que la reforma tributaria era inminente apareció como el “salvador”, ganando mucha simpatía al negarla, ahora apareció como el que permite que los estudiantes haitianos sigan en nuestro país. El primer ministro haitiano también aclaró que no está de acuerdo con declaraciones “imprudentes”, una obvia referencia a su competidor político, el canciller, a quien sustituyó como primer ministro.
Por otro lado el Consejo de Migración, además de anunciar que intensificará la depuración de indocumentados y revisará la lista de los beneficiados con el Plan Nacional de Regulación, expresó que los hospitales públicos no darán servicios a haitianos indocumentados a no ser que se trate de “emergencias” sin definirlas, pues un parto constituye una “emergencia”. Si el negar visas a estudiantes es conflictivo, el no ayudar en hospitales a indocumentados, también lo es. Imagínense que dominicanos indocumentados en Estados Unidos no sean atendidos en hospitales en Nueva York.
Todo lo anterior sugiere que el gobierno dominicano está convirtiendo en política doméstica su actitud hacia Haití. Juan Bosch cuando fue presidente y la embajada dominicana en Puerto Príncipe fue asaltada porque allí se refugió un enemigo de Duvalier, amenazó con invadir a ese país. Luego admitiría que utilizo lo de la invasión como forma de distraer la atención sobre la nueva Constitución que en esos momentos se discutía en el Congreso. Actualmente, con un alto nivel de inflación, la comida y los combustibles caros y el desabastecimiento de algunos productos importados, el desvío de la atención del público hacia el peligro de una supuesta presencia de las bandas haitianas en nuestro país es parte de esa estrategia prácticamente universal, de inventar o exagerar, un peligro extranjero para que la gente piense menos en sus penurias. Las reuniones con los partidos políticos, empresarios y sindicatos serían parte de ese escenario.
Esto es muy peligroso, pues puede llegar hasta a actos de violencia en nuestro país contra haitianos. El gobierno ha hecho muy bien en encabezar un movimiento, que cuenta con el apoyo de Costa Rica y Panamá pidiendo una intervención en Haití. Pero ir más allá y tomar medidas que pueden provocar violencia es algo muy diferente y desaconsejable.
