La posdata electoral

El pataleo constituye la postdata obligada de todos nuestros procesos electorales. Es expresión de nuestro inmaduro ejercicio político y del interés económico que involucra la lucha por el poder, tanto para quienes invierten verdaderas fortunas financiando las campañas y apostando a la victoria de su candidato, como para los miles de activistas que cifran en ella la posibilidad de obtener un empleo en la Administración Pública o derivar algún beneficio al amparo del poder.

Estas elecciones no podían ser la excepción.

Quienes insisten en cuestionar la victoria de Danilo Medina por un margen tan abrumador que no deja resquicio a la protesta, parecen olvidar que a lo largo de toda su gestión, sondeos periódicos de opinión le atribuyeron de manera consistente un elevado nivel de apoyo, que se mantuvo entre el 80 y el 90 por ciento. Y que el resultado electoral estuvo en armonía con las cifras de intención de voto ofrecidas por las principales encuestadoras, ya a escasos días del compromiso cívico.

La obstinada ceguera de quienes rechazan aceptar los resultados de las urnas, contados voto a voto, como exigió la oposición, llega al absurdo de montar toda una conspiración que incluiría nada menos que “la compra” por parte del gobierno de firmas encuestadoras de prestigio internacional, cuyo volumen de negocios muy superior al que ofrece nuestro limitado mercado tercermundista, depende de su profesionalidad e historial de aciertos. Ilógico, en el peor de los casos, que por este pusieran en riesgo aquel. Supondría, además, haber sobornado y convertido en cómplices de esa alegada turbia maniobra a las empresas periodísticas que contrataron sus servicios. Todo un absurdo.

Más aun, incurren en una penosa contradicción, al cuestionar la validez a nivel presidencial de unos comicios a través de los cuales obtuvieron posiciones que antes no poseían: senadurías, diputaciones, alcaldías y regidurías, en especial el importante bastión que representa la conquista del gobierno del Distrito Nacional, donde David Collado, en una espectacular campaña de menos de cuarenta días, venció a Roberto Salcedo por un margen tan amplio como el que le abrió las

puertas al Presidente Medina para un nuevo período de gobierno. Una victoria que también fue advertida por la firma Penn en la misma última encuesta que daba ganador al Presidente Medina. ¿Válida para uno y no para el otro? ¿Trampa en un caso y transparencia en el otro en la misma jornada?

Craso error de la oposición, por otra parte, buscar “chivos expiatorios” fuera de sus propios ámbitos, como causa de su derrota, en este caso la Junta Central Electoral y de manera muy focal, su presidente, Roberto Rosario, en vez de someterse a una necesaria autocrítica.

¿Qué culpa tienen la Junta y Rosario de la pobrísima votación registrada por partidos que apenas lograron un 0.30 por ciento o menos de sufragios, como era de esperar debido, sobre todo, a la polarización del voto entre Danilo Medina y Luis Abinader? De haber procedido con mayor sensatez y sentido político y unido en un sólido frente minoritario, es muy probable que hubieran logrado un mejor desempeño.

¿Cómo atribuirle a la Junta y a su presidente la, a todas luces, prevista y decisiva derrota sufrida por el PRM y su candidato, que desde la oposición solo atinó a ver a tiempo la larga experiencia política de Hatuey de Camps al advertir primero que no habría segunda vuelta y ya al pie de las elecciones, la victoria inevitable de Danilo Medina?

¿Es que acaso fueron la Junta y su presidente los que colocaron las boletas en las urnas a favor de Medina o fueron los votantes? ¿A qué viene ahora cuestionar el sistema electrónico, cuando a solicitud de la oposición, la Junta acordó el conteo manual en las tres instancias y además que este prevaleciera sobre aquel si se registraba alguna diferencia? ¿No les basta el testimonio de una entidad tan crítica como Participación Ciudadana al declarar que los resultados dados a conocer por la Junta se correspondían con la realidad?

No es la Junta tampoco la responsable de los vicios y deficiencias de nuestro ejercicio político. De la falta de democracia interna en los partidos; la imposición de candidatos; el transfuguismo que en esta ocasión batió todos los récords en cantidad y descaro; la inequidad en el gasto o la compra de votos. Todos, en una u otra medida, por acción u omisión, en mayor o menor medida comparte culpa y a todos, sin excepción, corresponde ahora ponerse de acuerdo para aprobar el Código Electoral, de entre cuyas varias propuestas la elaborada y

enviada al Congreso por la propia Junta, hace ya bastante tiempo, luce la más completa, así como la Ley de Partidos.

El país necesita que se ponga término a todo este peligroso carnaval de imputaciones sin sentido, a las actitudes violentas que solo pueden conducir a desgracias irreparables. El pueblo que fue a cumplir en calma con el deber cívico del voto no se merece esto. Que la dirigencia política llame a sosiego a sus seguidores y los reclamos válidos se tramiten por las vías y mecanismos establecidos en la ley. Es indispensable volver a la normalidad de una vez. El gobierno prepararse para los apremiantes retos que tiene por delante. Y la oposición, a su vez, para contribuir a la gobernabilidad democrática sirviendo de necesario, saludable y responsable contrapeso. Y sobre todo, salvando diferencias, trabajando uno y otro, desde sus respectivos ángulos, por el progreso del país y el bienestar de sus habitantes.