GUATEMALA.-El hijo y el hermano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, implicados en un caso en el que se investigan adjudicaciones irregulares, quedarán en arresto domiciliario la próxima semana, probablemente el lunes o el martes, informaron hoy a Efe fuentes judiciales.
Las fuentes explicaron que después de que la Sala Tercera de Apelaciones decretara el arresto domiciliario para José Manuel y Sammy Morales, ahora deben ser notificados, remitir el expediente al juzgado encargado del proceso y tramitar el pago de la fianza, un proceso que se puede extender hasta el próximo lunes o martes.
José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales estaban en prisión preventiva desde el pasado 18 de enero, cuando un Juzgado de Guatemala los procesó por su implicación en tres adjudicaciones irregulares en el Registro General de la Propiedad (RGP), por valor equivalente a unos 26.000 dólares, en 2013.
La Sala Tercera resolvió este jueves tres apelaciones, según adelantaron los medios locales y confirmaron, posteriormente, fuentes judiciales a Efe.
Una de ellas es la que revoca la prisión preventiva contra el hijo y el hermano del mandatario y en su lugar dicta medidas sustitutivas de arraigo, arresto domiciliario, prohibición de acercarse al Registro General de la Propiedad, obligación de firmar en la fiscalía cada 15 días y pagar 100.000 quetzales de fianza (más de 13.000 dólares).
Ahora la sala debe notificar a todas las partes, unas «cincuenta» según explicaron a Efe las mismas fuentes y después iniciar todo el proceso para la puesta en libertad, algo que se prevé finalizar «el lunes o el martes».
Según la investigación, José Manuel y Sammy no se beneficiaron económicamente de las tres compras realizadas de manera irregular, pero la fiscalía les imputó el delito de fraude al entender que hicieron un «favor ilícito» para beneficiar al padre de la exnovia del hijo del mandatario, Mario Estuardo Orellana López, que fue detenido y también será procesado por el mismo cargo.
Por este motivo, y entendiendo que existe peligro de obstrucción a la investigación -aún en curso-, la jueza encargada da la causa, la titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Silvia de León, dictó el 18 de enero para los tres prisión preventiva mientras la Fiscalía no termine la investigación, periodo que durará hasta finales del mes de marzo.
Estos tres eventos irregulares fueron descubiertos por las autoridades en el marco de una investigación mayor que reveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015 se autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos en el RGP, conocidos como «plazas fantasmas» (ficticias), los cuales recibieron más de 3 millones de quetzales (unos 400.000 dólares) como remuneración por un trabajo no realizado.
Por esta trama es procesada más de una veintena de personas, entre ellas la extitular de la entidad Anabela de León.
Otras de las resoluciones de la Sala fue revocar la falta de mérito dictada por el juzgado por el delito de lavado de dinero y otros activos contra Sammy y Estuardo Orellana, algo que debe ser ahora revisado por la jueza de la causa.
