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La reforma pactada

La del pacto político ha sido la ruta menos tortuosa para la reforma constitucional que permitirá a un presidente en ejercicio optar por un segundo periodo consecutivo, a partir del cual no podrá volver a presentarse para ese cargo, que así estaba establecido antes de la modificación del 2010 y fue la formula ampliamente favorecida en las consultas populares que se llevaron a cabo para esa reforma.

El primero de los grandes acuerdos fue el anunciado por Reinaldo Pared a lo interno del PLD y firmado por todos los miembros de su Comité Político, que posibilitó que las bancadas del partido mayoritario en la Cámara de Diputados y el Senado votaran unificadas, a pesar de las objeciones que había expresado el sector que sigue al expresidente Leonel Fernández; el segundo gran acuerdo es el arribado con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que permitió el apoyo de su bloque de diputados;  el tercero, el pactado con el Partido Reformista Socialcristiano, para el endoso de sus diputados y de un senador; y el cuarto, el entendimiento con el Partido Liberal Reformista, que lidera el senador Amable Aristy Castro, que dio a la reforma el apoyo de un senador y tres diputados.

Por esa vía se ha logrado para la ley que declara la necesidad de la reforma y para la propia reforma el apoyo unánime del Senado, cosa sin precedentes, y el endoso de 149 diputados, sobrepasándose con creces las dos tercera partes de los votos necesarios para la modificación.

Solo tres diputados del Partido Revolucionario Moderno, partido con el que no hubo acuerdo político, votaron por la reforma, dos de los cuales ya habían sido  expulsados por haber votado por la ley de partidos, y lo hicieron porque pactaron con el ingeniero Miguel Vargas la inclusión entre los diputados del PRD para ser incluidos en el acuerdo que les permitirá repostularse.

Al no poder demostrar que esta vez haya sido necesario ir a las bóvedas de un banco  a buscar dinero por sacos para la compra de votos, el Partido Revolucionario Moderno se ha quedado en el terreno de la especulación, como su vocero en la Cámara de Diputados, Nelson Arroyo, es abogado hizo provecho de la inmunidad parlamentaria para mencionar nombres de funcionarios que supuestamente estaban sobornando legisladores, pero fuera de la sesión, no es capaz de hacer lo propio, porque sabe a lo que se expone. Su fabulación quedó evidenciada al mencionar a Juan Tesmistocles Montas, ignorando que  había salido días antes del país.

Con todas las disposiciones que rigen la función pública en la actualidad y  las leyes de transparencia es imposible que ningún funcionario público pueda disponer del presupuesto que maneja para entregar dinero a legisladores.

Luis Abinader, el candidato presidencial del PRM, apuntó a otro tipo de paga por parte del Gobierno, el de la impunidad, referidas a situaciones como las que tiene pendiente el senador Félix Bautista, pero como pudo ver toda la opinión pública el acuerdo del PLD no lo suscriben dos personas sino todo el Comité Político, para dejar clara la idea de que era institucional y los puntos acordados se especificaron.

Y hasta los chinos de Bonao saben que ni  Danilo Medina ni el Gobierno tienen influencias determinantes en las altas cortes, que si el sector del presidente Fernández intentara buscar alguna decisión favorable en la Suprema Corte de Justicia, no requiere para eso de un acuerdo político con Medina.

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