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La reorganización del tránsito

La reorganización del tránsito
Mario Rivadulla

Reorganizar el tránsito, hacerlo más seguro y fluido, mejorar el muy deficiente sistema de transporte público, entre los peores del mundo, y sobre todo reducir la cantidad de accidentes y de víctimas, principal causa de muertes violentas en el país y segunda mayor en proporción en el mundo es uno de los principales retos que enfrenta el gobierno y conseguirlo, o al menos mejorarlo de manera apreciable, sería uno de los más notables logros que pudiera apuntarse en su cuenta el gobierno.

La creación del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTRANT), despertó muchas expectativas en este sentido. Hasta ahora, la labor del organismo ha estado focalizada en el anuncio de distintos proyectos. De admitir, sin embargo, que soportar la enorme carga del reto que se ha echado encima, es tarea de enorme complejidad.

Ahora bien. El anuncio de que el gobierno, a través del INTRANT, ha estado sosteniendo conversaciones de alto nivel con los mal llamados sindicalistas, en realidad prósperos empresarios, del transporte público, ha dado lugar a toda una serie de informaciones que por vía de filtración, sin base ni aval oficial, están generando justificada preocupación.

Sabido, y necesario además, que el gobierno se propone sacar de las calles miles de chatarras que ofrecen el obsoleto, ineficiente, incómodo, inseguro y costoso servicio de concho, donde la gente viaja aprisionada como sardinas en lata, para sustituirlo por ómnibus, pagando 4 mil dólares de promedio por cada una, lo que supone una erogación de miles de millones de pesos. No unos pocos, sino muchos miles.

Esto hace temer que vayamos a transitar el mismo frustrante camino en el cual el país ha dilapidado cuantiosos recursos en la adquisición de vehículos nuevos, como el Plan Renove y los famosos “pollitos”, por citar solo dos, que no contribuyeron a solucionar ni siquiera mejorar el problema, salvo la economía de algunos afortunados. En el caso del primero, se convirtió en un escandaloso caso de corrupción por el que varios implicados fueron condenados a prisión, y en cuanto al segundo, muy poco duró su llamativo color amarillo en las vías públicas.

Más aún: que a los choferes que queden fuera del nuevo sistema, se les otorgará una mensualidad de 15 mil pesos…pero nada menos que por seis años, resulta un plazo realmente insólito y desproporcionado, que a su vez representaría una erogación tan elevada como el monto que habría que dedicar a la compra de las chatarras.

Es de suponer que dicho pago vendría a ser el equivalente al seguro de desempleo, que en la mayoría de los casos y los países donde se aplica, oscila entre seis u ocho meses y un máximo de doce, en que estima que el beneficiario dispondría de tiempo suficiente para lograr otro empleo o desarrollar una actividad que le permita subvenir sus necesidades.

Un antecedente: cuando el finado Presidente Antonio Guzmán, llevó a cabo un plan similar, con la finalidad de colectivizar el transporte público de pasajeros, comprando todos los conchos y sustituyéndolos por minibuses, dando vida a ONATRATE, un experimento que funcionó bien mientras duró, el plazo de compensación fue por un año, donde no solo cobraron los choferes, sino muchos que se metieron de contrabando en la lista, un aspecto que tendría que ser tomado muy en cuenta ahora aprovechando esa experiencia.

A todo lo anterior habría que sumar los cuantiosos recursos que se destinarían a la adquisición de una muy amplia flotilla de ómnibus; el ordenamiento de las rutas, los carriles y las paradas; eliminar la desorganizada proliferación de sindicatos; el entrenamiento de los choferes tanto en el manejo y cuidado de los vehículos como en el trato y seguridad de los pasajeros; y ¡ojo: de suma importancia¡ el mantenimiento y conservación de los equipos para extender al máximo su vida útil, una asignatura en la que siempre hemos obtenido calificaciones extremadamente bajas en casi todas las obras e inversiones públicas.

El tema es de tanta importancia económica, social y política que es preciso que el INTRANT exponga el plan con toda amplitud y transparencia, para no continuar especulando a ciegas.

El pueblo tiene derecho a saber.

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