Por JULIO MARTINEZ POZO
Lo revelado hasta ahora descarta la posibilidad de que los asesinatos de los comunicadores Leo Martínez y Luis Manuel Medina, encuadren en el ataque a la libertad de expresión, pero el hecho enluta y sobrecoge al ejercicio periodístico y expande la sensación de inseguridad que anida entre los dominicanos.
El móvil ha sido el desquiciado enojo del matador con los asesinados por la frustración de la compra de unos terrenos del Consejo Estatal del Azúcar, en el que ellos fungieron de mediadores en condiciones pendientes de precisar por parte de las autoridades. El Gobierno ha dispuesto la suspensión del director del CEA y una investigación.
El perfil del asesino y las circunstancias del crimen, lo asemejan a la tragedia que vivió el país el 15 de diciembre del 2015, cuando un individuo pagó la cólera de un embargo del que había sido objeto, con el vil asesinado del alcalde Juan de los Santos y de uno de sus asistentes de seguridad, también suicidándose en el acto como lo haría, acorralado por la persecución policial, el principal sospechoso del crimen contra los conductores de Milenio Caliente, en la FM 103.5 de San Pedro de Macorís.
Esa tragedia también trae al recuerdo el asesinado del periodista Juan Andújar en Azua, cobardemente acribillado con un tiro en la cabeza al salir de su programa de radio al mediodía del 14 de septiembre del 2004, y aviva lo ocurrido con el comunicador José Silvestre, el 2 de agosto del 2011, raptado en La Romana, asesinado y su cadáver arrojado a unos cañaverales en San Pedro de Macorís.
Todos esos crímenes han sido muy dolorosos, sorpresivos e impactantes, pero el asesinato de los locutores petromacorisanos con la particularidad de que se materializó en vivo ante la impotente y traumatizante testificación de la popular audiencia de la que gozaban los asesinados.
El debate generado por la tragedia de San Pedro de Macorís se ha centrado en cuatro aspectos pendientes de respuestas adecuadas.
1-Aunque este es un hecho anterior al decreto del 27 de febrero de 2016, en la que el presidente designó una comisión para examinar las operaciones inmobiliarias del CEA, cuantificar la cantidad de terrenos y determinar su vocación, el tema trae de nuevo a la palestra el desorden y los manejos inapropiados en las ventas de esos terrenos.
2-La necesidad de perfeccionar los requerimientos y evaluaciones para el porte de armas de fuego, que en el 2016 estuvieron presentes en 61% de los 1,613 homicidios que se produjeron en el país, con 3,890 heridos
3-La existencia de una cultura violenta expresada en el lenguaje es responsable del desenlace fatal de muchos conflictos que pueden dirimirse en forma civilizada. Aunque cada vez más personas expresan su fe en Dios, adhiriéndose a distintas iglesias en la convivencia cotidiana prima una cultura de desamor e irrespeto al prójimo
4-El país recibe todos los años más de tres mil deportados de los Estados Unidos, que no tienen ningún tipo de acompañamiento para buscar reinserción en la sociedad, y que poco o nada se sabe de su situaciones emocionales y socioeconómicas.
La sensación que queda es que la vida del dominicano pende de un hilito cada vez más frágil jalonado por varios factores: delincuencia común, violencia doméstica, solución violenta de conflictos y el manejo temerario en el tránsito, al que se suma la circulación en vehículos sin las condiciones de seguridad para estar en las calles.