Violencia México.
Monterrey, México.- Treinta y tres personas, entre ellas dos escoltas del gobernador de Nuevo León, murieron este miércoles en la ciudad mexicana de Monterrey, en una escalada del crimen organizado a la que tampoco escapa la que está considerada la capital industrial del país.
La mayoría de los 33 fallecidos eran miembros entre el cartel del Golfo y sus antiguos socios Los Zetas, que libran una guerra por el control del territorio para el trasiego de drogas a EE.UU., informó hoy Jorge Domene, portavoz del Consejo de Seguridad de Nuevo León (norte de México), cuya capital es Monterrey.
Sólo cinco de las muertes registradas en la jornada más violenta de Monterrey por acciones del crimen organizado «están relacionadas con la autoridad»; se trata de los dos escoltas del gobernador Rodrigo Medina y tres celadores del penal de Cadereyta, precisó.
Domene subrayó que el asesinato de los guardias de Medina, cuyos cuerpos fueron mutilados, es una «amenaza contra la autoridad» que busca amedrentar la lucha y la posición del Gobierno de Nuevo León contra los delincuentes.
La amenaza «ha sido una estrategia de estos grupos y no denota más que el Gobierno del estado está actuando junto con las fuerzas federales y haciendo frente a esta escalada de violencia», aseveró.
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Canago) expresó hoy a Medina su respaldo y solidaridad en «la lucha que encabeza en favor de la seguridad de dicha entidad».
La zona metropolitana de Monterrey registra desde marzo de 2010 un incremento de la violencia debido a la guerra entre la llamada Nueva Federación, integrada por los carteles del Golfo, de Sinaloa y de la Familia, y Los Zetas.
De acuerdo con cifras oficiales, en 2009 se registraron 267 asesinatos en la ciudad, en 2010 se elevaron a 828 y en lo que va de año superan los 770, de los cuales el 80 % está relacionado con la delincuencia organizada.
El estado vivió en mayo el mes más violento de su historia contemporánea, con 241 asesinatos, superando incluso en ese lapso a Chihuahua, el más afectado por los enfrentamientos de los carteles.
«Los datos duros arrojan que la inseguridad en Nuevo León empeora mes a mes», dijo a Efe Eugenio Clariond Rangel, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra).
«Estamos trabajando y presionando para que las autoridades hagan su trabajo y contribuyendo como organismo intermedio y como sociedad para que las acciones se hagan a fondo y eventualmente el problema se reduzca», afirmó.
Clariond señaló que la nueva policía que impulsa el Gobierno estatal, llamada «Fuerza Civil», podría representar un avance para atajar la violencia que azota el estado fronterizo con Estados Unidos.
En el momento en que esté lista, esa corporación policial podrá dar resultados, dado que estará más capacitada, y frenar la «inseguridad y violencia que está afectando al sector industrial», agregó.
La principal medida de la administración de Rodrigo Medina contra la delincuencia organizada ha sido limpiar las corporaciones policiacas estatales y municipales.
Por ello, actualmente el estado tiene un déficit de 1.500 agentes que han sido dados de baja por «pérdida de confianza».
Además, existen 15 municipios que ya no tienen corporaciones policiacas, ya que sus integrantes han renunciado por amenazas del crimen organizado o han sido detenidos por el Ejército por presuntos vínculos con los carteles.
Los militares y agentes de la fiscalía del estado detuvieron hoy a 26 policías municipales de Zuazua para investigarlos sobre sus presuntos vínculos con el asesinato de dos escoltas del gobernador.
El diputado Omar Pérez, vicepresidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de Nuevo León y miembro del conservador Partido Acción Nacional (PAN), consideró «muy difícil y delicada» la crisis de inseguridad que vive un estado que se caracterizaba por ser un polo industrial.
El Ejército es ahora la institución más confiable y la única en Nuevo León que combate a los narcotraficantes, afirmó el legislador de un estado gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Para Lylia Palacios, doctora en economía e investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la sociedad se encuentra en pánico y desarticulada para enfrentar la inseguridad y violencia que se asentó en el estado «de forma acelerada y expansiva».
La sociedad «no logra salir del pasmo, del miedo y de la evasión. Hay una notable ausencia de respuestas articuladas u organizadas ni para denunciar, menos para exigir», agregó.
Los empresarios, quienes «durante casi un siglo se erigieron como la figura prototípica del liderazgo social», su «acción ha sido emprender una diáspora», concluyó Palacios.
