Despertaríamos a Morrobel, aquel brillante personaje de Freddy Beras, si aceptáramos el lenguaje demagógico y electoral de los líderes políticos, cuando hablan de reformas policiales, reformas al código penal, o de leyes para endurecer las penas contra el sicariato. Proponen un largo viaje que tiene como destino el controlar cuotas de poder, al crear organismos, tribunales y agencias, que solo aumentan los gastos burocráticos y amplifican, o complican las correas de distribución y las ondas expansivas del crimen y de los criminales. Hasta la violencia en la manipulación de los sorteos de loterías, ocupa las primeras planas de los periódicos.
Parece poco para el poder operante y sus poderes operativos, el terror, las torturas, la ignominia y las infinitas maneras de producir dolor de que disponen, tanto los criminales y delincuentes como los policías, los militares y los cuerpos del sistema de justicia, contra la población y en desmedro de toda la sociedad. Sufrimientos injustos y evitables que demuestran hasta qué punto estamos desprotegidos jurídicamente en el ejercicio de nuestra libertad y de nuestros derechos políticos, económicos y sociales. Con la promoción y proliferación de los juegos de azar y de las apuestas, sobra la inducción a la violencia y al crimen.
Impiden los ruidos electorales y la orgía informativa descubrir, fruitivamente, la situación desgraciada del miedo social y el sesteo indecente del poder político y social, en la contundencia que tienen sobre nuestras vidas estos males. Convierten los hogares en celdas, porque las calles, los parques y los espacios públicos, dejaron de ser una extensión de nuestras casas, a causa de la inseguridad y la desprotección, un estado de angustia colectiva que solo se corresponde con la necesidad de un estado político y social, de terror.
Anclamos esta hipótesis, tal vez, por memoria ideológica, más que por historia episódica, en la premisa de que solo permanecen desde la sociedad primitiva los vicios y lacras que convienen al poder. Por Ejemplo: Sorprende la prontitud con la que se adjudicó la Torre Atiemar al Banco de Reservas, todo lo contrario ocurre, con la canivalización de los bienes de Quirino Paulino Castillo y otros, con la denuncia impresentable de la Presidenta del Consejo Nacional de Drogas, quien responsabilizaba a Generales y Coroneles militares y policiales, y a oficiales del Ministerio público, por los daños y oprobios contra los bienes incautados a los delincuentes y criminales.
Hablar y declarar sentimentalmente sirve de poco, cuando se viene abajo la confianza, y la esperanza de una sociedad, al mismo tiempo, en que se agota el diccionario emocional de la autoridad, por el jaloneo de que son objeto los altos cargos policiales y militares, debido a su implicación en actos criminales y delincuenciales. La suspensión de coroneles por falsear droga, el cotilleo de ministros y otros dignatarios nacionales en fraudes inmobiliarios, o envueltos en expedientes, y citados en informes confidenciales, por extorsión o por tráfico de influencia en otras naciones, alientan la desmoralización y la movilización de los valores que todos sentimos.
Superar la movilización de los deseos, de las creencias y de los sentimientos, que proponen los medios masivos de comunicación y de información, como oferta cultura estratégica de los poderes operativos y de los gabinetes criminales, tanto los privado como los oficiales, es la tarea básica del conjunto de la sociedad, pero, muy especialmente de las academias, institutos especializados, universidades, los clubes deportivos y de asueto, las iglesias y las organizaciones civiles.
Modifica el poder político y social nuestros deseos, creencias y necesidades colectivas, con el objetivo de cambiar nuestros sentimientos más elementales, como: La familiaridad, la amistad, la lealtad, la solidaridad, la responsabilidad, la paternidad, la maternidad; por citar algunos casos, pero, además, cambia el sentido de la alegría y la dicha por el placer. Intercambia el carácter de la dignidad de los derechos, por la facilidad y la comodidad.
Transan las víctimas directas y colaterales sus daños con sus victimarios, y en muchos casos, los pueblos festejan el precio de un asesinato, los bochornosos ejemplos de Luperón y de Nagua, con dos beisbolistas, los de las víctimas de mala práctica médica en cirugías reconstructivas y la de policías que pagan sus agresiones y asesinatos a sus víctimas, son revelaciones aterradoras, de cómo se han madurado o torcido los sentimientos espirituales y creadores de la dominicanidad.
Dejan la puerta abierta los funcionarios públicos y los miembros del poder político y social, pensando en que sus familiares y los suyos están seguros, con relación a la violencia, la criminalidad y la delincuencia, sin ver los riesgos de esta apuesta. Porque, distinto de lo que sucede en el beisbol, aquí están bajo amenaza y peligro inminente, la soberanía, la reputación y la competencia estatal y republicana de nuestra nación, tanto en lo regional como a nivel internacional.
Desconstruir el esquema y la infraestructura viciosa que han formado con el poder político y social, la violencia, la criminalidad y la delincuencia, exige salirse fuera de este sistema político, institucional y social, integrado por los partidos políticos, los militares y los gabinetes económicos ligados al poder. Porque, solo así, encontraremos las soluciones, debido a que el poder necesita a los criminales y los criminales necesitan el poder. Ambos se tienen.
Examinemos la estructura, los componentes y los continentes de gastos ocultos en las tripas de los precios de los combustibles, de los intereses y comisiones de los bancos, en la tarifa eléctrica, en la tarifa de las tarjetas de llamadas telefónicas, en la tributación fiscal, en los servicios del seguro SEMMA, en los desalojos que hacen las fuerzas armadas y la policía nacional, en nombre de intereses privados, por citar algunos casos, y veremos la violencia, la delincuencia y la criminalidad, que sin tintes, ejerce ese poder político y social sobre la sociedad y la población.
Decidir y definir el dilema democrático que plantea esta tragedia, es una tarea impostergable. Porque, los ciudadanos y la sociedad están confundidos y decepcionados con la presencia de mafias rusas, rumanas, mejicanas, colombianas, chinas, la cuales parecen irremediables. Por tanto, estamos obligados a investigar, si esta situación de inseguridad ciudadana contiene nuestra vida republicana o, si en cambio, nuestra vida republicana y democrática contiene espacios y territorios políticos y sociales, que son irremediables en su afectación, como consecuencia la violencia, la criminalidad y la delincuencia.
Proponemos la conversión institucional de las políticas públicas, en lugar de los cambios de problemas que suponen los cambios de funcionarios, los cambios a los códigos jurídicos o los cambios en las sanciones. De tal modo, que con la conversión en las políticas surgirían nuevos campos de significaciones y significados, tanto en el carácter como en la aplicación y ejecución de los planes y los programas de prevención, persecución y sanción, de estos males.