Desde que se anunció su construcción hace más de una década, la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) ha estado en boca de políticos y activistas medioambientales, cuyo discurso varía según estén en el Gobierno o la oposición.
Pese a todas las controversias, aporta casi una tercera parte de toda la energía eléctrica del país y el presidente Luis Abinader asegura que su administración no la privatizará.
Esta controversial planta, construida con todas las exigencias internacionales para plantas a carbón, incluyendo su propio puerto marítimo para descarga del combustible, la integran dos unidades que generan 376 MW brutos cada una, un total de 752 MW.
Está en terrenos aledaños al antiguo ingenio CAEI en el distrito municipal de Catalina, provincia Peravia, entre las localidades de San Cristóbal y Baní.
Su costo actual de reposición se estima que sobrepasa los RD$142,500,000,000.00 (ciento cuarentaidós mil quinientos millones de pesos).
Hasta la reciente creación de un fideicomiso público al cual el Gobierno aportó todos los activos y derechos de la planta, era operada como propiedad de la disuelta CDEEE con un administrador autónomo designado por decreto.
Contaminación política
Antes del cambio de Gobierno, aparte de las denuncias de sobrevaluación que fueron descartadas por una comisión de notables, aunque luego explotó el escándalo de Odebrecht, entidades aliadas del PRM actuando como agentes de la sociedad civil denunciaban casi diariamente los alegados efectos nocivos por contaminación del carbón.
Ya han desaparecido de redes sociales y medios de prensa casi todas esas denuncias, como si el mero cambio de mandato en agosto de 2020 obró el milagro de santificar ese combustible.
Más pudo la política para convencer a los activistas sobre la efectividad de los filtros y catalizadores y otras medidas de preservación ambiental, obligadas por los financiadores de la planta, que todas las explicaciones técnicas, desestimadas paradójicamente como motivadas políticamente.
Parecidamente, en los últimos días ha sido blanco de furiosos ataques la creación desde el Estado de un fideicomiso, cuyo contrato requiere aprobación del Congreso, aportando todos los activos y derechos de Punta Catalina, y creando un comité técnico para administrar la planta.
Lo que más se critica y denuncia es que algunos creen que este fideicomiso fue creado para facilitar el traspaso de la propiedad de Punta Catalina a inversionistas del sector privado, pese a inequívocas garantías expresadas por el propio presidente Abinader, desmintiendo esa intención.
Se habla de fideicomisos sin explicar al público no especializado que se trata de un instrumento financiero instituido por la Ley 189-11 del Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, para incentivar el mercado de valores.
Un fideicomiso se crea cuando una o varias personas realizan aportes patrimoniales a un fondo administrado por el agente fiduciario según las instrucciones del fideicomitente a favor de un propósito lícito determinado.
Al crearse, el bien o el fondo objeto del fideicomiso quedan fuera del patrimonio de las partes hasta que se cumpla su plazo u objeto (el de Punta Catalina es por 30 años).
Un caso reciente
Un fideicomiso puede utilizarse para la emisión de bonos para inversionistas que procuran las garantías que este ofrece.
Está el reciente caso del “fideicomiso verde Larimar”, con el que EGE Haina y el Grupo Popular colocaron un bono de renta fija de US$20 millones con una tasa fija de 5.15 %, cuya demanda superó 15.27 veces la emisión.
El principal activo subyacente son los derechos económicos del Parque Eólico Larimar I. Opiné en esa ocasión que finanzas sofisticadas, inversiones en energía y confianza del público, son tres motivos para optimismo.
La posibilidad de que el Estado obtenga financiamiento mediante las garantías que ofrece el fideicomiso de Punta Catalina es una de las ventajas de esta figura jurídica y así lo ha esbozado el Gobierno sin entrar en muchos detalles para no alborotar las avispas; pero este ha reiterado inequívocamente que los activos y derechos aportados al fideicomiso de Punta Catalina continuarán siendo propiedad del Estado.
Es absurda tanta alharaca sobre algún eventual nuevo dueño de esa generadora. Lo conveniente es que opere lo mejor posible para beneficiar la economía nacional, aportando energía confiable y barata. El comité técnico, encargado de operar como órgano ejecutivo, quizás merece más escrutinio que la figura del fideicomiso, que posee cierta complejidad.
La ignorancia del gran público no desmerece su derecho a estar bien informado.
Por ejemplo, ¿por qué permitieron agotar el carbón, debiendo comprar de emergencia? ¿Por qué rehuir la transparencia de subastas inversas? ¿Quién buscó nuevos suplidores?
Algunos de los defensores del fideicomiso han esgrimido argucias ridículas como opinar que habría sido “peligroso” que Punta Catalina pase a ser propiedad de empresarios, cuando casi todas las empresas más exitosas y eficientes del sector eléctrico dominicano deben sus éxitos precisamente a que son operadas por inversionistas privados bajo supervisión del Estado, distinto al lamentable estado de todas las empresas distribuidoras estatales, quebradas y desfalcadas según los procesos judiciales contra sus funcionarios del pasado Gobierno.
Esas distribuidoras no fueron desfalcadas y quebradas, en perjuicio del patrimonio público y de la economía nacional, sólo por ser estatales, pues otra empresa estatal, la de Transmisión (ETED), cuyo consejo presidí por más de una década hasta mi renuncia en 2019, opera de manera ejemplar, es financieramente autónoma, controla el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y no ha sido fuente de ningún escándalo.
Tiro al blanco
La central termoeléctrica Punta Catalina, satanizada por la oposición antes de subir al poder el PRM, similarmente a como ahora los opositores peledeístas atacan al fideicomiso, ha sido víctima de un zarandeo absurdo de su reputación. Si fuera verdad la mitad de lo que alegan unos y otros, comoquiera sería mucho.
Según su pasado administrador, basado en los datos asentados en su contabilidad, Punta Catalina costó al Estado un total de US$2,461 millones, mientras su valor comercial actual podría sobrepasar los US$2,600 millones.
Las cifras ofrecidas por los denunciantes de la sobrevaluación son muy superiores, pero carecen de fundamento contable.
El actual Gobierno no ha ofrecido una cifra definitiva sobre cuánto costó el valor actual de la planta o sus finanzas.
El plazo
30 Años es el término del fideicomiso.
Este contrato, que crea una administración independiente, vería su fin en el año de 2052.
En el Congreso
— Los diputados
La Cámara de Diputados aprobó el fideicomiso de Punta Catalina el pasado día 11. Había sido suscrito el día 21 de octubre de 2021, entre el Estado dominicano, la CDEE y la Fiduciaria Reservas, S. A.
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