Desconocer la genealogía de una decisión de poder conlleva todo el ruido que hemos exhibido, con ocasión de la nominación de un activista de los derechos de los homosexuales, como embajador de los Estados Unidos, en la República Dominicana.
Comprender la capacidad de premiar que tiene quien sale victorioso en unas elecciones, es otro aspecto político y de poder el cual deberíamos ponderar, antes de moralizar las decisiones políticas de los mandatarios. Puesto que, si tomamos en cuenta el desempeño y los méritos alcanzados por el Señor Brewster, tanto en las recaudaciones financieras como en la resonancia, del candidato Obama, en los círculos y las redes sociales de influencia en los sectores políticos de su país, descubriremos las razones de esta postulación.
Hemos acreditado embajadores y funcionarios consulares homosexuales en la Santa Sede, en Reino Unido y en los Estados Unidos, por citar algunos casos, sin que ninguno de esos Estados haya objetado ni cuestionado la preferencia homosexual de nuestros representantes. Son decisiones de conveniencia política y nada más.
Son claves absurdas los prejuicios, las creencias y los sentimientos en el abordaje de estos temas, porque se corre el riesgo de confundir planos éticos y doctrinales, de distintas procedencias, con las garantías democráticas y de libertad que requieren los intereses de las fuerzas políticas del poder. Pensemos en el riesgo geopolítico que representa el surgimiento de los Estados Unidos como primera potencia mundial en la producción de hidrocarburos y gas natural en el mundo.
Fijemos nuestra atención, más que en cuestionar sus alas homosexuales, en las alas políticas de este halcón. Pensemos en los intereses estratégicos de la Nación que representa, como el riesgo de seguridad del lavado de activos proveniente de los cárteles criminales. En las negociaciones y las explotaciones de concesiones mineras, como la Barricxk Gold y Unigold. En particular, la discusión pendiente con la Carta de Intención, para la revisión de los términos financieros del contrato, con la Minera de Cotuí.
Pesa mucho la incompetencia política del liderato nacional en la pedagogía filosófica y democrática de lo derechos sexuales y reproductivos, en adición a los derechos civiles y económicos de los homosexuales. Compete a la política la exteriorización de este aprendizaje social, cívico y democrático. Movilizando un conjunto de conocimientos, susceptibilidades, habilidades y sentimientos necesarios, para responder a las demandas complejas de la población.
Olvidan los partidos y las fuerzas del poder político y social que estas enseñanzas deberían ser prácticas. Pues es atender, explicar y resolver una demanda política, ética, social y democrática de nuestra realidad. Donde el colectivo homosexual demuestra que es una fuerza de poder, tanto allá como aquí. Si tienen dudas, examinen las razones que tiene el poder político y social dominicano, del cual forma parte la iglesia, para permitir la jactancia y la exaltación homosexual de muchas personas en la televisión.
Necesitamos corrección democrática a fin de entender la mitología política de los derechos sexuales y reproductivos de los homosexuales. Porque son los ciudadanos y los Congresos, con mayorías heterosexuales, quienes garantizan la dignidad y la libertad para ejercer estas disponibilidades y posibilidades civiles, políticas y económicas al colectivo homosexual.
Evitemos falsas interpretaciones y confusiones con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, puesto que dicho texto, en modo alguno, concede derechos a los homosexuales para que conviertan en instrumentos o en objetos de sus placeres y deseos a la sociedad estadounidense, sino, más bien, les reitera sus deberes y obligaciones con el Estado y la sociedad.
Saben, muy bien, los jueces supremos norteamericanos que, ni las adopciones ni los matrimonios homosexuales tienen implicación biológica. Sino que sus decisiones se corresponden con ofertas del sistema político, para satisfacer los vacíos emocionales y sociales de colectivos ciudadanos.