Los derrumbes mortales en minas ilegales de San Cristóbal y Puerto Plata vuelven a exponer una práctica tolerada por la debilidad del Estado.
No son accidentes aislados: son consecuencias de la falta de supervisión, control y voluntad política.
¿Reforzará Medio Ambiente las acciones o solo reaccionará tras las muertes?
Los ambientalistas llevan años advirtiéndolo. Mientras la minería ilegal siga operando a la vista de todos, el precio lo seguirán pagando vidas humanas y ecosistemas.