Cuando en días pasados con el voto favorable de la Cámara de Diputados se aprobó en dos lecturas consecutivas la pieza que, anteriormente sancionada por el Senado, introduce modificaciones a la ley de Seguridad Social, promulgada también de inmediato por el Poder Ejecutivo, señalamos que queda ahora pendiente abocarse con la misma urgencia a evaluar y ajustar el régimen de pensiones.
En varias ocasiones anteriores con la calificada intervención de dos expertos en la materia de la talla de Arismendi Díaz Santana, quien coordinó los trabajos actuariales del sistema, y del doctor Rafael Albuquerque, ex vicepresidente de la República, con la experiencia acumulada durante sus diez años consecutivos al frente de la Secretaría de Estado de Trabajo y su condición de miembro del grupo escogido de asesores de la Organización Internacional del Trabajo, hemos dejado reiterada constancia de la necesidad de revisar el tema de las pensiones.
Esto así en la medida en que según opinión coincidente de Díaz Santana y Albuquerque, en las condiciones financieras actuales que presenta el sistema de seguridad social, las pensiones que recibirían los trabajadores que se acojan al retiro con al menos 60 años de edad y 30 de servicio, apenas recibirían entre un 23 y un máximo de un 28 por ciento de su último salario. Y esto además, tan solo por el tiempo que dure la cantidad que hayan ahorrado a través de sus contribuciones y los aportes de sus empleadores. Más aún: ambos prevén que bajo las condiciones presentes, el sistema colapsaría financieramente al punto de llegar un momento en que no pudiera honrar el pago de las pensiones, lo que originaría una crisis de impredecibles consecuencias sociales y económicas.
Durante su reciente intervención como orador invitado en el desayuno temático mensual de la Asociación de Industrias, el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo adelantó el interés del gobierno en abocarse a este necesario y urgente estudio del sistema de pensiones. En su edición de hoy del matutino El Día figura una información en la que el funcionario revela que está recibiendo asesoría internacional para una reforma integral de la Ley y analizando la posibilidad de que el Estado haga aportes para poder mejorar el monto de las pensiones, nada fácil y dudosamente factible cuando se depende de un presupuesto deficitario que debe ser cubierto a base de aumentar la deuda pública.
El tema es de suma importancia si tomamos en cuenta que ya estamos a doce años del momento en que se pueda producir la primera avalancha de solicitud de pensiones por parte de quienes hayan arribado al mínimo de 60 años de edad y completado los 30 de cotización.
Sin embargo, y esto es preciso recalcarlo: toda modificación al sistema tiene que estar sólidamente asentada en muy bien elaborados y minuciosos estudios actuariales para garantizar la sustentación y estabilidad financiera de la seguridad social de tal modo que el mismo esté en capacidad de cubrir sus compromisos a cubierto de fallas y del riesgo de colapso.
Propuestas irreales de corte populista, que no estén debidamente fundamentadas sobre la sólida base de estudios técnicos calificados, originando falsas expectativas solo conducirían a generar confusión, y al final frustración en quienes con todo derecho alientan la legítima esperanza de poder disponer de un fondo de retiro que les permita disfrutar de un resto de vida que al menos les alcance para cubrir las necesidades más elementales de subsistencia.
El tema de las pensiones es demasiado serio para tratarlo con ligereza. Mucho menos para cultivar la demagogia.