Las plazas populares de Inespre

Juzgar moralmente los procesos económicos, por los lamentos o por las satisfacciones de unos y otros, es entrar en una especulación sentimental por compasión, o por el regocijo ajeno, y nunca, un análisis económico de las políticas públicas.  Si evaluamos la satisfacción que siente un pasajero del Metro de Santo Domingo, quien recibe un servicio subsidiado con más de RD$1,500 millones de pesos anuales, para el 0.5% de toda la población dominicana, con las penurias del pasajero que aborda un autobús de la OMSA, desde los Ríos hasta la Feria, comprenderemos la injusticia económica que representa invertir RD$1,500 millones de pesos para atender al 0.5% y la inversión de RD$640 millones de pesos, para atender la demanda del 99.05%, restante.

Requiere, entonces, la política crear un estado de conciencia de los derechos económicos y sociales en la población, para que los ciudadanos estén en condiciones de reconocer las injusticias estatales, que provocan la indignación popular, en lo que hoy acontece con la economía familiar.  Liderar los reclamos y pedir que esto jamás ocurra es el deber de todo partido político y de las instituciones cívicas.

Pensar que esta protección política o cívica se corresponde con un acto de benevolencia, cuando en realidad estas acciones deberían constituirse en las buenas prácticas sociales y en los instrumentos de resonancia, en la lucha por el reconocimiento y la defensa social, frente a las ofensas y violaciones surgidas del fenómeno económico y comercial.  Aunque todos estos episodios económicos son tenidos por el Gobierno como ganancias, pero, que, ni antes ni después, son corregidos, ni se compensa a la población por sus pérdidas.

Crea el poder político mercados populares a través de sus agencias gubernamentales, unos operativos que nunca detienen ni evitan los aumentos.  Una demostración más de la falta de criterio político del Gobierno, en la previsión y las consecuencias de esta nueva escalada de precios.  Pero, el Gobernador del Banco Central, recurre a la pedagogía política de lo cíclico, lo que sucede cada Enero.

Reparan las pérdidas familiares estas declaraciones u opiniones de los funcionarios públicos; cada vez que se producen estas alzas.  Son, acaso, mecanismos económicos, financieros y monetarios, impulsados por los funcionarios y las autoridades del Banco Central, con miras a evitar estos estropicios y ofensas económicas contra la población.

Buscan obtener reacciones eficaces en la opinión pública, con el solo propósito de confundir, desviar y dividir, a la población con la percepción de la responsabilidad en estos desmanes comerciales y financieros.  Así colocan sus obligaciones en la disputa entre detallistas y los importadores, llamándoles especuladores, aprovechándose de la influencia de los medios de comunicación y de la sociedad de masas controlada por el Gobierno, los cuales explotan muy bien el carácter optimista de la estupidez humana.

Reconocer los derechos es el principal recurso que tienen los ciudadanos, para mejorar sus vidas, ya que integran el sentimiento de justicia y de satisfacción social.  Dos conceptos que impulsan y refuerzan la visión personal de sujeto, la inteligencia activa del individuo, el sentido del deber y la obligación de prolongar las acciones inventoras de nuevos derechos.

Aseguraremos la inviolabilidad de estos derechos comerciales y financieros, en la economía familiar y empresarial, si dejan de depender de los clausulones restrictivos o del arbitraje de Pro-consumidor, para que sean universalmente admitidas, como las leyes contra el narcotráfico, el lavado de activos y las leyes contra la evasión fiscal.

Esta es la única forma de proteger la economía familiar, porque, los funcionarios públicos sienten estas manifestaciones de inconformidad colectiva, como si fuesen situaciones de injusticia que pertenecen a otros intereses, incluso ajenos a su ámbito familiar y social.  Nunca van a colmados ni a las plazas públicas.

Anida la política individuos altruistas y egoístas en el ejercicio del poder político y social, y es desde esa óptica que surgen en el Gobierno sorpresas eficaces y novedades malévolas, cuyos máximos alardes se expresan justamente en esta escala de precios altos, en los combustibles, en la tarifa eléctrica, en las tasas de las comisiones y en los intereses del dinero y en los productos de primera necesidad, dado los altos precios del transporte.

Sirve toda esta política marrullera de la autoridad, para ocultar sus desvaríos fiscales, sus razonamientos financieros y monetarios irracionales y sus fantasiosas expectativas electorales.  Cubre, y suya es la soberbia, altanería de la grandeza en la disposición y preponderancia de un Congreso para el “Progreso”, sin considerar la dureza matemática de los totales, cuando se suman y se restan los ingresos y los gastos fiscales.

Quedará, claro está, en nuestro imaginario, que una cosa es razonar en el Estado y otra cosa son las razones de Estado.  Aquí hemos detenido la marcha y el dinamismo de la razón, para conceder preponderancia al agotamiento económico de las razones electorales, personales y patrimoniales, de los funcionarios y socios del poder político y social.  Señores:      Examinemos los permisos de importación de ajo, habichuelas, azúcar, de pollos, y de otras mercancías de consumo masivo, para que podamos descubrir las formas en que se mueven las razones políticas del poder.

Proponemos la razón como instrumento regulador de la fe política y democrática de los pueblos, pero, sentimos la incertidumbre social que produce la falta de racionalidad en las decisiones oficiales.  Son erradas en el pensamiento y el concepto con que se formulan o diseñan, y son verdaderos trompicones en los medios y los métodos, los cuales se eligen para ejecutarlas.

Sigue siendo la política un ejercicio de razonamiento ciego, incapaz de discernir entre lo correcto y la verdad, por lo que, siempre será necesario acomodarla a la realidad de la forma más justa, que ofrezcan y permitan las circunstancias y las conveniencias legales, humanas y sociales.  Sin embargo, en estas alzas de precios, y muy a pesar de los informes de inflación, del Banco Central, lo que se persigue claramente son las ganancias  de políticos, a través de negocios privados.

Estremece descubrir que esta lógica fría de enriquecimiento, es apoyado en una operatividad burocrática transfigurada de los servidores públicos, y para proteger acciones criminales privadas, que prefieren la estabilidad económica de sus propios pensamientos, en lugar de preservar la estabilidad y la economía familiar de todo un pueblo.

Por: Fernando SIBILIIO