SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las políticas migratorias que el Gobierno implicó durante el 2014 desataron fuertes polémicas a nivel nacional e internacional. Según nos cuenta nuestra compañera Paola Ledesma, la manzana de la discordia en el tema la sembró la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Marchas, piquetes y vigilias fueron partes de las acciones que realizaron en este 2014, grupos de personas que apoyan los derechos de los descendientes de haitianos.
Y es que la sentencia 168-13 emitida el 23 de septiembre de ese año, sentó los criterios para obtener la nacionalidad donde establece que a los hijos de las personas que residen ilegalmente en el país desde el 1929 hasta la fecha no les correspondería la nacionalidad dominicana.
Desde entonces, se profirieron acusaciones de apátrida contra el país, desde los movimientos nacionales hasta organismos internacionales se pronunciaron al respecto.
Ante las críticas a las políticas migratorias dominicanas, el Presidente Danilo Medina aprovecho su ponencia en la Cumbre del CELAC para refutar los criterios que allí le lanzaron por las políticas migratorias.
A los dos meses de estas declaraciones Medina, inició consultas con diversas personalidades y sectores del país sobre la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional
Ya en mayo se promulgó la Ley 169-14 sobre Naturalización. Y el reglamento fue emitido mediante decreto en julio.
En medio de este proceso que muchos calificaron como positivo. Surgieron nuevas polémicas esta vez con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Que condenó al país, mediante sentencia, y le ordenó desconocer la aplicación de la Sentencia 168-13 y dejar sin efecto toda norma constitucional con relación a los casos de la nacionalidad de descendientes de haitianos.
A raíz de esto el Tribunal Constitucional declaró que el país ya no es miembro de la CIDH, decisión que fue acogida por el Gobierno.
En medio de todo esto tras prorrogarse el plazo del Plan Nacional de Regularización y Naturalización, para los nacidos en el país que son hijos de padre en condición migratoria irregular ya cinco mil ha aprovechado el proceso.
En apenas dos meses ya suman 18 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, tres veces más que en igual período de 2025, según la Fundación Vida sin Violencia. Las cifras confirman que la estrategia oficial no está dando resultados y que urge una acción integral de prevención y orientación para toda la familia.
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