Fue satisfactorio dialogar el miércoles en Uno+Uno con el presidente de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que pondera los proyectos de Ley de Partidos y del Régimen Electoral, quien fue enfático en sostener que esta vez va en serio la reforma del sistema político electoral que se viene discutiendo durante dos décadas.
El senador del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia María Trinidad Sánchez, Arístides Victoria Yeb, reconoce que es a los partidos a quien más conviene establecer normativas para garantizar su democracia interna y la institucionalidad democrática nacional, cuya crisis está siendo patentizada por el auge de las protestas sociales y políticas encarnadas principalmente en la Marcha Verde.
Aunque se ponderan por separado dos proyectos de leyes sometidos por la Junta Central Electoral, Victoria Yeb coincide con quienes creen que deberían ser unificados, ya que muchas de las normativas democráticas que se demandan se refieren tanto al régimen de partidos como al electoral. Eso implicaría reconocer que las reformas no se imponen solamente en el accionar del sistema partidista, sino también en las garantías para una plena democracia. Lo referente a los partidos seria sólo un capítulo del código electoral.
Los planteamientos de Arístides Victoria renuevan la esperanza de que por lo menos los legisladores comprendan la responsabilidad que les frente a un vigoroso movimiento social exigiendo el fin a la corrupción y la impunidad, lo que implica reformas que rebasan el ámbito electoral y se internan en la institucionalidad general, particularmente en la independencia y operatividad de las cortes judiciales y los organismos de control.
La circunstancia de que el Consejo Nacional de la Magistratura se apresta a la renovación del Tribunal Superior Electoral y parcialmente la Suprema Corte de Justicia, programándose para fin de año la del Tribunal Constitucional, es una oportunidad para que los gobernantes den claras señalas de receptividad frente al inmenso clamor nacional.
Victoria Yeb desestima la “reforma posible”, enarbolada por los que plantean que el poder acumulado no se cede, y se inscribe entre los que hablan de la “reforma necesaria”. Asumiendo la sinceridad de su planteamiento, habría que formular votos porque se extienda a los demás comisionados y a las cúpulas políticas aferradas al pragmatismo salvaje, que se imponen a un poder legislativo ten débil como el judicial.
En el Congreso, como en los partidos, son muchos los que entienden la necesidad de profundas reformas para garantizar la elección democrática de dirigentes y candidatos, la transparencia y rendición de cuentas de los partidos y a la instauración de mecanismos que garanticen la plena libertad ciudadana para elegir sus autoridades y representantes.
Saben de sobra que urge reducir el alto costo de la política en el país, con rígidas limitaciones al tiempo, el financiamiento y el gasto de campañas, para reducir la corrupción y el abuso de los bienes y recursos del Estado y de todo género de dinero ilegítimo, que los principios de equidad que pregona la Constitución obligan a prohibir y sancionar el abuso de los poderes estatales en las campañas electorales, con límites a la propaganda gubernamental, al tradicional desbordamiento del gasto fiscal, a los repartos clientelistas, a las inauguraciones de obras, a menudo sin terminar, y al incremento del empleo en los organismos estatales.
Una reforma no puede ser para restringir derechos adquiridos, como el del voto preferencial, sino para ampliarlos a fin de que el elector pueda escoger senador y diputados por separado, y por igual alcaldes y regidores, más aún cuando desde el 2020 las elecciones municipales antecederán por varias semanas las presidenciales y legislativas.
Las demandas son viejas, pero nunca como ahora la sociedad dominicana las había formulado con tanto vigor, esperando respuestas rápidas y efectivas.-