SANTO DOMINGO. El triunfo del PRM y aliados, y de la Fuerza del Pueblo, como partido de oposición, garantiza que en el Senado de la República no avanzará un proyecto de ley que favorezca las tres causales para la realización de un aborto.
De acuerdo con los cálculos del sacerdote Manuel Ruiz, al menos 20 candidatos a senadores provida resultaron electo, los que otorga a los provida mayoría en la Cámara Alta.
Son provida los ganadores en La Altagracia (PLR), El Seibo (PRM), San Pedro de Macorís (PRM), Hato Mayor (PRM), Monte Plata (PRM), Distrito Nacional (FP), San Cristóbal (PRM), Duarte (PRM), María Trinidad Sánchez (PRM), Hermanas Mirabal (PRM), La Vega (PRSC), Valverde (PRM), Santiago Rodríguez (PPG), San Juan (FP), La Romana (FP), Azua (PRM), Bahoruco (PRM), Independencia (PRM) y Barahona (PRM).
Esto debe aclarar el camino en el Senado hacia la aprobación del Código Penal sin las tres causales, el que se encuentra detenido desde el año 2014, luego de que fue devuelta en dos ocasiones por el entonces presidente dominicano, Danilo Medina, debido a la penalización del aborto en todas las circunstancias.
Sin embargo, queda pendiente
Desde entonces la presencia de las eximentes bajo las cuales puede ocurrir un aborto ha sido utilizada por la clase política para no aprobar el Código Penal a pesar de que es el mismo código vigente desde el año 1884.
Código penal duro contra la corrupción
Entre las novedades del Código están los delitos penales por mal uso de fondos públicos como la corrupción, la coalición de funcionarios, la malversación de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito, el conflicto de intereses, la obtención ilegal de beneficio económico, el tráfico de influencias pasivo y activo, los cohechos activos y pasivos y la sobre evaluación ilegal, forman parte de la lista de infracciones.
En tanto que el tráfico de influencias activo y pasivo sería sancionado con cuatro a 10 años de prisión mayor y una multa de entre cuatro a 10 veces el valor de la suma involucrada en la infracción. En caso de no precisarse se le impondrá una multa de cuatro a 10 veces el salario que perciba el funcionario al momento de cometer la infracción.
Más allá del tema del aborto, también incluye nuevos cargos penales y cúmulos de pena, lo que elevaría hasta un máximo de 60 años de prisión el tiempo de cárcel máximo.
Asimismo, es más drástico contra las figuras del feminicidio, sicariato, que no existe en el código actual, y daños con sustancias químicas, con penas que van desde los 30 a 40 años de prisión.