Juan Bolívar Díaz.
Gran parte de los políticos dominicanos han degradado tanto el alcance de la democracia que nos quieren convencer de que consiste simplemente en el derecho a elegir y ser elegido, viviendo de espaldas a la ciudadanía, sin rendir cuentas y haciendo lo que les viene en gana sin el menor rubor ni respeto por la opinión pública.
En teoría, cuando están fuera del gobierno profesan amor eterno a las organizaciones sociales y hasta formulan valientes y profundos programas de gobierno para echarlos a la basura tan pronto se juramentan en un cargo. En la oposición reclaman rendición de cuentas, desde las funciones públicas actúan como monarcas trasnochados de siglos y desprecian a la “llamada” o “perfumada” sociedad civil y acusan de envidiosos a los contestatarios.
Lo peor es que los políticos dominicanos en el poder quieren convencernos de que no aceptamos la realidad de que “la política es así”, que andamos siempre entre utopías, o que somos opositores impenitentes a todo lo que se hace desde el poder, no importa que sea el robo y la malversación, o el genocidio de miles de muchachos pobres, acusados de delincuentes.
Pero todos los días las informaciones internacionales dan cuenta de acciones gubernamentales demostrativas de que el ejercicio democrático tiene sus virtudes, entre ellas la de responder a los reclamos de la sociedad, (hasta con ruedas de prensa), la de mantener un mínimo respeto por el clamor público y la de reconocer el derecho a la participación, a la protesta y a la información.
Las presidenta de Brasil, Dilma Rousseff tiene sólo medio año en el poder y en lo que va de mes ha destituido a una docena de altos funcionarios, incluyendo un ministro y directores departamentales, a raíz de un reportaje de la revista Veja que dio cuenta de sobrevaluación de obras y cobros de comisiones. No tuvo que esperar que el caso pasara todas las instancias judiciales, que en todas partes conlleva meses y años.
Sometido a una serie de cuestionamientos que le han bajado la aprobación al 31 por ciento (proporción similar a la que le otorgan las últimas encuestas al actual mandatario dominicano), el presidente de Chile, Sebastián Piñera, acaba de realizar su segunda remodelación de gabinete en apenas 16 meses de gobierno, afectando a ocho secretarios de Estado, incluyendo los de economías, planificación, obras públicas y justicia, y a los dos más repudiados: los de la secretarías de gobierno y de educación.
La semana pasada un tribunal argentino condenó a otros siete altos oficiales por crímenes ejecutados durante la dictadura militar que concluyó hace 28 años a penas de prisión perpetua y a 18 y 22 años de reclusión. Unos 200 han sido condenados y queda pendiente un centenar de procesos.
Y el pasado lunes un editorial del principal diario español, El País, ante la profunda crisis económica de España, planteó al presidente Rodríguez Zapatero que “si quiere rendir un último servicio a su país debe abandonar el poder cuanto antes”, adelantando las elecciones programadas para marzo próximo, aunque el periódico reconoce que el mandatario no es el artífice de la crisis y dispone de toda la legitimidad para terminar su período. Nadie ha acusado a El País de conspiración mediática ni nada parecido y no se sorprendan cuando vean las elecciones adelantadas.
La condena pública por ejecuciones de terroristas de la ETA por parte de un comando auspiciado por su gobierno, fue factor determinante de la pérdida del poder del gran presidente español que fue Felipe González. Y más cerca de nosotros, la justicia de Perú condenó al expresidentes Aberto Fujimori a una veintena de años de cárcel por auspiciar masacres aunque fuera a nombre de la lucha contra el terrorismo.
Sí, la democracia contiene valores que nos son extraños. Hay que seguir soñando con verlos materializados en esta tierra donde jamás se ha condenado a un ladrón o a un asesino o genocida desde el poder, desde los que fusilaron al patricio Francisco del Rosario Sánchez y a María Trinidad Sánchez, en los albores mismos de la República.-