Legisladores piden investigar irregularidades en licitaciones del INABIE
Nuevos indicios de irregularidades en el INABIE reavivan los cuestionamientos sobre sus procesos de licitación.
Redacción.-Tras las presuntas irregularidades en licitaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), para la adquisición de utilerias escolares que ahora involucra a 10 nuevas empresas, la Dirección General de Contrataciones Públicas, recomendó a la Contraloría retener pagos a suplidores de esa institución.
El pasado 7 de abril, El Informe reveló anomalías en procesos de contratación de esa institución: empresas vinculadas que ganaron en los tres renglones, direcciones fantasmas y uniformes importados, pese a exigirse producción nacional.
La inacción del Ministerio Público frente a esta denuncia de hace casi dos meses es lo que cuestionan legisladores de la oposición.
Al seguirle la pista a los patrones irregulares encontrados en abril, el programa de investigación reveló más empresas relacionadas entre sí y otras en que los dueños brillan por su ausencia, dado que los que aparecen en los registros como propietarios, al ser consultados reniegan de ella
Mediante un comunicado, la dirección de contrataciones públicas, recordó este martes que, tras detectar indicios de irregularidades, en el mes de abril instruyó una investigación de oficio a los fines de verificar la legalidad de las distintas etapas de los procedimientos de Licitación Pública Nacional del INABIE.
De un total de 10 empresas identificadas en la investigación del Programa El Informe, 6 presentan vínculos entre sí y operan bajo esquemas similares a los detectados en la investigación pasada. Estas seis compañías concentraron 18 adjudicaciones, obteniendo contratos por montos que oscilan entre los 46 y los 54 millones de pesos cada una, lo que representa un total acumulado de más de 300 millones de pesos en recursos públicos. Gráfico
Además de la investigación de oficio en curso de la dirección de contrataciones públicas, este órgano recordó que trabaja con la Unidad Antifraude de la Contraloría para identificar posibles responsabilidades de los actores que participaron en los procesos.