SANTO DOMINGO.- Los legisladores que hacen negocio vendiendo sus exoneraciones para la importación de vehículos incurren en al menos cuatro delitos, pero hasta el momento no hay precedente de ninguno sancionado por la práctica normalizada en el país.
Claudia Álvarez, abogada especialista en lavado de activos, detalló en la entrevista central de El Despertador del Grupo SIN que estos delitos son fraude contra el Estado, prevaricación, evasión fiscal y fraude contra los seguros de esos vehículos.
“La misma ley establece que nunca pueden vender antes del periodo de los dos años y no vender la exoneración sino vender el vehículo”, explicó.
De ahí que crea necesario revisar y modificar la ley que concede estas exoneraciones sin establecer un tope monetario, lo que las convierte en buen negocio.
“Esa ley definitivamente hay que revisarla y hay que modificarla para ponerle unos límites y yo diría que solamente una exoneración cada cuatro años, no cada dos años como la tiene esa ley”, dijo.
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