SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El debate sobre la modificación de la Ley 6132, sobre la Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento vuelve a tomar fuerza.
Varios periodistas consideraron necesario establecer con claridad los límites entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad y al buen nombre.
Pese a que ambos derechos están consagrados en la Constitución Dominicana, los comunicadores consideran que la imprecisión de la Ley 6132 deja espacio para que los periodistas sean pasibles de demandas.
En la actualidad dos proyectos de Ley cursan en el Congreso Nacional para actualizar el marco regulatorio de la Ley 6132.
Basado en esta Ley, uno de los casos más recientes es la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inadmisible la querella del ex presidente Hipólito Mejía contra el director del periódico El Caribe, Osvaldo Santana.
El artículo 46 establece la «Responsabilidad en cascada» de quienes participan en la difusión de noticias por los medios de información, lo que entra en contradicción con los artículos 42 numeral 14 y 49 de la Constitución que consagra la personalidad de la persecución.
La decisión de la Suprema fue calificada como un logro para la libertad de expresión en el ejercicio periodístico, ya que favorece las libertades consagradas en la Carta Magna.
A pesar de que esta sentencia no aplicaría para la generalidad de los casos ya que no fue decidida por el Tribunal Constitucional, sí puede convertirse en un referente para el órgano a la hora de cualquier modificación.
Aunque el Tribunal Constitucional no ha tomado una decisión con relación a los recursos de inconstitucionalidad de esta Ley que han depositado algunos comunicadores, el presidente del organismo, Milton Ray Guevara, aseguró que la sentencia de la SCJ favorece las libertades consagradas en la Constitución.