Bahía de La Habana.
MIAMI, EE.UU.- La legislación firmada por el gobernador de Florida, Rick Scott, que prohíbe a este estado norteamericano y a gobiernos locales hacer negocios o contratar empresas con vínculos comerciales con Cuba, podría resolverse en 2013.
La ley FHB 959 fue promulgada el 1 de mayo pasado por todo lo alto ante la aclamación de exiliados cubanos, pero ante la sorpresa de muchos, un día después el propio Scott la puso en suspenso pues violaba las leyes federales.
“Las restricciones no entrarán en efecto a menos que el Congreso apruebe, y el presidente Barack Obama firme una ley que permita a los estados imponer independientemente ese tipo de sanciones contra Cuba y Siria”, dijo el gobernador en un comunicado el 2 de mayo.
La iniciativa fue promovida por el senador Rene García, de Hialeah, y el representante Michael Bileca, de Miami, inclinados a favorecer propuestas de la comunidad de exiliados cubanos en esta ciudad. En la Legislatura el proyecto fue aprobado sin mayor oposición.
La legislación pretende ser una herramienta para impedir que los impuestos de los contribuyentes de Florida pasaran mediante contratos con compañías extranjeras a las manos de “regímenes opresivos”, según su versión original.
También contempla medidas “correctivas” que pudieran dejar sin efecto acuerdos vigentes y en desarrollo en caso de que se descubriera que una empresa tenía operaciones comerciales con la isla o Siria y estaba planeada para entrar en vigor el 1 de julio.
La empresa brasileña de construcción Oderbrecht, cuya filial de Oderbecht Construction Inc. desempeña un trabajo en el puerto cubano del Mariel, demandó al estado de Florida ante un tribunal federal de Miami.
Argumentó que la ley era inconstitucional porque establecía política exterior, una facultad que pertenece al gobierno federal.
Más tarde un juez federal ordenó una suspensión temporal de la entrada en vigor el 1 de julio y urgió a las partes a ponerse de acuerdo.
“Seguramente en 2013 veremos una decisión del juez federal y el caso irá al Tribunal Supremo estatal y luego al de la nación”, dijo Jorge Salazar Carrillo, economista de la Universidad Internacional de Florida (FIU).
El proyecto generó el descontento de firmas de Brasil y Canadá, los principales socios comerciales de Florida, que expresaron su oposición, así como la Cámara de Comercio del estado, la cual la calificó de inconstitucional.
Edie Ousley, vocera de la entidad de comercio, afirmó en su momento que la ley enviaba un mensaje negativo a nivel internacional, con consecuencias potencialmente indeseadas para los negocios.
El presidente de la Cámara de Comercio de Florida, Mark Wilson, advirtió que empresas canadienses que trabajan en Florida y Cuba amenazaron con no hacer ninguna inversión en Florida, “por temor de que pudieran resultar afectadas por el estatuto”.
La posición de Scott de congelar la ley un día después de su firma también desató la ira de los principales políticos cubano-estadounidenses.
Los representantes federales republicanos David Rivera, Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lethinen, y el excongresista Lincoln Díaz-Balart se pronunciaron públicamente en su contra.
Rivera llegó a amenazar al gobernador con demandar su decisión ante la corte de justicia, mientras que Ros-Lehtinen argumentó que la FHB 959 se convirtió en ley cuando fue firmada y no sería cambiada por una declaración.
Cuba calificó la medida como de reforzamiento del embargo económico mantenido desde hace medio siglo a la isla, y que ha sido condenado sistemáticamente por el gobierno de La Habana.
Recibe las últimas noticias en tu casilla de email