Vendida por el coro defensor de esta institucionalidad podrida como supuesta panacea, la Ley de Partidos es otra estafa política y un modo de desviar el centro de atención de la sociedad respecto a la existencia en nuestro país de una dictadura constitucional mafiosa, por demás fraudulenta e ilegítima.
En esa discusión solo está en juego el grado de la estafa y a quienes de los actores de un sistema de partidos degradado le podría favorecer más o menos, descansando el poder de decisión fundamental a nivel congresual en manos de las dos facciones mafiosas del PLD, una por quedarse en el gobierno y la otra por volver.
Las fuerzas pro-gobierno hegemonizan la dictadura al tiempo que la mayoría opositora no se distancia mucho en materia de calaña política de la escoria morada, luciéndo incluso parcialmente vulnerable a la capacidad de compra exhibida por los inquilinos del Palacio Nacional.
• RAZONES PARA DESPRECIAR ESA CHACHARA.
El tema no es simplemente de fallas personales o de un maquillaje con otra ley, sino de la esencia del sistema de partidos, de su consumación como un conjunto de empresas comerciales-electorales, de la transformación de los votantes en clientes y el escenario de competencia en mercado; del predominio de las practicas clientelistas, la conversión del Estado y sus instituciones en fuentes de negocios multimillonarios, la inversión empresarial en política, la exclusión de la ciudadanía y los movimientos sociales de los escenarios electorales y del oligopolio político de los partidos.
Una ley de partidos- aprobada con o sin consenso, por acuerdos entre las cúpulas partidarias o por el voto mayoritario de un Congreso de mercaderes- no habrá de atentar contra el gran negocio de la política; mientras que cualquier avance en su contenido regulador, no pasará de ser pura cosmética a ser viciada en su ejecución.
El caso dominicano exige de otra Constitución, otro sistema electoral, una ley de participación política y electoral que no excluya ni a la ciudadanía ni a los movimientos sociales, que clausure los financiamientos en dinero desde el Estado y desde el capital privado, que impida la inversión monetaria en política y la impunidad de la corrupción electoral.
Una simple ley de partidos, montada sobre esta institucionalidad podrida, por más “buena” que sea, dejaría el poder político en manos de los mismos partidos y empresarios inescrupulosos que la han podrido, la reproducción a su cargo de todos los poderes del Estado e intactos los poderes militares corrompidos.
No es por casualidad que en el liderazgo del sistema de partidos y de Estado vigente se destaquen dos ex–presidentes (Hipólito Mejía y Leonel Fernández) y un presidente en funciones (Danilo Medina), que solo por su complicidades en la corruptela de ODEBRECHT deberían de estar presos; y además un montón de dirigentes morados, blancos, azules y varios-pintos que nadan en los más diversos pantanos de la corrupción junto a las instituciones y entidades que encabezan, todas inmersas en esas formas de hacer y degradar la política.
En ese contexto, si hay ley de partidos será la que pacten o acepten Danilo, Leonel, Hipólito, los sobornables y ciertas cúpulas empresariales, o no habrá ley de partidos.
Primarias abiertas o primarias cerradas son vulnerables por la corrupción, una más que otra. Eso se inscribe dentro del pleito entre las mafias políticas.
• CONFORMACIÓN DE LA DICTADURA CONSTITUCIONAL MAFIOSA:
La preocupación no debe ser si con el tema de las primarias abiertas están o no en riesgo esos partidos, ya que su fracaso (en cuanto al daño hecho a la sociedad) ha sido consumado y lo deseable sería que se terminen de hundir y que el sistema que los anida y protege lo echemos a pique, para que entonces pueda surgir la verdadera democracia vía un proceso constituyente.
Es preciso destacar que en el ejercicio de la gestión de Estado de las últimas dos décadas, han sobresalido las prácticas de acumulación capitalistas a base de la corrupción practicada por los grupos de poder conformado por la cúpula del PLD al interior del Estado entremezclado con sectores del capitalismo privado, hasta conformar una verdadera corporación político-económica a partir del aprovechamiento de ventajas determinadas por la progresiva conversión del PLD en un partido-estado con fuertes rasgos autoritarios y centralistas y fuertes dotes empresariales-mafiosos.
Esa condición fue a la vez aprovechada óptimamente para fraguar un régimen político muy peculiar.
Primero Leonel Fernández y su equipo se propusieron –y lo lograron en buena medida- convertir el régimen político bi y tri partidista en una especie de dictadura institucionalizada con una base constitucional readecuada para esos fines a raíz de la reforma constitucional del 2010.
Combinando las características de PLD como fuerza disciplinada, verticalmente estructurada y dirigida con métodos autoritarios, con la amplia mayoría congresual alcanzada y los enormes recursos económicos atesorados, y con el uso y abuso del poder del Estado… esa facción diseñó y aprobó una nueva Constitución a la medida de ese propósito político; para a partir de su vigencia concentrarse en el asalto “electoral” a un Senado con súper-poderes para conformar las llamadas Altas Cortes, la JCE, la Cámara de Cuentas y hacer un uso adecuado del Congreso en su totalidad, del Consejo de la Magistratura y de otros mecanismo institucionales.
Lograda esa meta con fines de blindaje y de control de todas las instituciones conformadas por elección y selección viciadas, Leonel cerró la camisa de fuerza institucional bajo su mando y bajo la hegemonía de la cúpula PELEDEÍSTA.
Esto adicionalmente contó con planes específicos para dividir y secuestrar el disminuido PRSC, para cooptar el PRD institucional (minoritario), entrampar y degastar al sector de Hipólito y aumentar la vulnerabilidad del PRM de por sí plagado de una corrupción perredeísta histórica y aliado al PRSC y otras escorias; facilitando el reinado casi absoluto de la cúpula del PLD sobre las degradadas y corrompidas instituciones republicanas.
Esa realidad institucional, que se sintetiza en una DICTADURA CONSTITUCIONAL MAFIOSA, pudo ser heredada, hegemonizada y reforzada por la facción que encabeza DANILO MEDINA, tan pronto lograron imponer su acceso a la Presidencia de la República se impuso a base de corrupción y fraude.
Recientemente esa realidad de poder ha sido sensiblemente erosionada por el poder de convocatoria de Marcha Verde que a su vez ha afectado y reducido el rol de los partidos tradicionales como tales; beneficiarios todos de la corrupción y la impunidad, y de un privilegiado financiamiento estatal y empresarial.
Toda línea realmente transformadora de este cuadro decadente y agobiante percibido ya por gran parte de la sociedad, debe tener bien presente además que relaciones de poder en nuestro país tienen un profundo contenido de clase cruzado por múltiples discriminaciones que potencian el dominio de la clase capitalista (transnacional y local) y el predominio de una partidocracia corrupta y corruptora asociada a ella en todas las políticas de explotación, exclusión y discriminación y en de todas las prácticas delictiva protegidas por una impunidad sistémica.
La DICTADURA CONSTITUCIONAL MAFIOSA está cruzada transversalmente por todas esas relaciones de poder y todas esas opresiones y discriminaciones que operan también sobre los viciados mecanismos electorales vigentes.
Ni el sistema judicial ni el sistema electoral son merecedores de la menor confianza para trazar otro rumbo. Solo el poder del pueblo expresado en calles, caminos, barrios y campos podría romper el bloqueo institucional impuesto.