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Ley de partidos y JCE

Ley de partidos y JCE
Juan Taveras Hernández

El Partido de la Liberación Dominicana, tanto el sector de Leonel Fernández, como el de Danilo Medina, no quiere ley de garantías electorales ni de partidos y movimientos políticos para que no haya equidad durante el proceso electoral, lo cual le permitirá robarse las elecciones, como ya es una práctica en esa organización.

El PLD no quiere leyes que lo controlen y lo obliguen a respetar la voluntad popular, por eso quiere que la Junta Central Electoral sea un órgano a su servicio, precisamente como ocurrió durante la pasada gestión con tres jueces que se comportaron como verdaderos mequetrefes que no hicieron más que arrodillarse frente al poder ignominioso del partido oficial, utilizando más de 30 millones de dólares en escáneres que sólo sirvieron para justificar un fraude y darle un 62% al presidente Ilegitimo Danilo Medina, así como mayoría de senadores y diputados para que tuviera “su” Congreso, como efecto le fue regalado para convertirlo en un sello gomígrafo.

El PLD no quiere ley de partidos ni de garantías electorales; anhela que esta JCE sea similar a la anterior. Pretende que Castaños Guzmán y los demás miembros del pleno se comporten como sus arlequines para que las elecciones sean pantomimas dirigidas desde el Palacio Nacional.

¿En que beneficia la ley de partidos y electoral al PLD? ¡En nada! Al contrario. Un marco jurídico lo perjudica. Robarse las elecciones no le será tan fácil. Sin ley puede utilizar dinero del Estado, del lavado y el narcotráfico sin que nadie pueda impedirlo. No quiere leyes para que no haya equidad en el uso de los recursos, de los medios de comunicación.

El PLD no quiere leyes porque no quiere equidad; la igualdad en la competencia lo debilita. Sabe que no volverá a ganar unas elecciones a menos que no sea comprando votos y haciendo fraudes de todo tipo. Y para eso precisa de una JCE inhabilitada, para poder actuar, con el dinero y la fuerza, sin remordimientos y sin escrúpulos.
La JCE está dando demostraciones de que no será como la que dirigió el inefable Roberto Rosario, abriéndole de ese modo una brecha a la esperanza.

Prohibir las actividades proselitistas de masas, totalmente extemporáneas, del partido o del candidato que sea, ha recibido el respaldo de los sectores políticos, económicos y sociales más sensatos del país. La JCE tiene que sentirse complacida por el espaldarazo que ha recibido. Una campaña electoral a dos años resultaría muy costosa, ruidosa, dañina y perniciosa. La actual campaña que encabeza Leonel Fernández, pero que siguen otros, es lo que justifica la necesidad de un marco jurídico claro, especifico, que le dé a la JCE toda la fuerza que necesita para imponérsele a los partidos y a sus dirigentes, acostumbrado a actuar como “chivos sin ley”.

El presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán, al igual que los demás miembros del pleno, tienen un compromiso social ineludible, garantizando unas elecciones transparentes y libres desterrando el fantasma del fruta y del robo de la voluntad popular. No pueden repetir la historia de sus antecesores. Los miembros actuales de la JCE están obligados a ejercer sus funciones con absoluta independencia; tomar decisiones duras no importa a quien o quienes perjudiquen. No será fácil. Es cierto. Pero, ¿quién dijo que lo seria?

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