SANTO DOMINGO.- La aprobación de la Ley reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas comerciantes constituye un avance histórico en el ámbito empresarial y económico dominicano.
Esta ley dota al ordenamiento jurídico nacional de una moderna y actualizada norma en materia de insolvencia, el cual coopera con la protección de los derechos de los acreedores y empleados, y con ello contribuyendo positivamente con el clima de inversión, elemento esencial para el desarrollo económico sostenido. Así consideró este martes La Cámara Americana de Comercio.
Asimismo, AMCHAMDR reconoce el liderazgo de Charlie Mariotti, Senador de Monte Plata e Ito Bisono, Diputado del Distrito Nacional. De Igual forma el trabajo en conjunto con instituciones públicas como el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), representado por su Ministro, Temístocles Montas y Juan Reyes, su Viceministro de Competitividad y el Consejo Nacional de Competitividad (CNC). Igualmente, en este proceso ha existido un espíritu de consenso entre el sector privado representado por ABA, FINJUS, CONEP, entre otras asociaciones.
«Este paso representa un avance que busca disminuir la percepción de riesgo y facilitar la inversión privada. De esta forma contribuir a la mejora de los sistemas de gobernabilidad corporativa, la protección y el mantenimiento de los empleos y de los derechos de los acreedores. El que hoy podamos contar con esta ley permite que las empresas y personas comerciantes puedan afrontar escenarios de dificultades financieras u operativas sin que la primera opción sea el cierre definitivo del negocio o la actividad comercial», considera.
El objetivo de esta ley es establecer los mecanismos y procedimientos destinados a proteger a los acreedores ante la dificultad financiera de sus deudores, que puedan impedir el cumplimiento de las obligaciones asumidas, y lograr la continuidad operativa de las empresas y personas físicas comerciantes, mediante los procedimientos de reestructuración o liquidación judicial, en la República Dominicana. También, instaurar el marco jurídico aplicable en cuanto a la cooperación y coordinación de los procesos de reestructuración e insolvencia transfronterizos.
