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Leyes Electoral y de Partidos

Son muchos los años que se ha tomado en el Congreso la discusión y aprobación de las leyes electoral y de partido. Sin dudas figuran entre las piezas legislativas que compiten por el record mayor longevidad. Y son muchas también las veces que se ha prometido impartir su bendición a las mismas en anteriores legislaturas, promesas que por una u otra razón, generalmente discrepancias partidarias, han quedado incumplidas.

Durante el pasado período de sesiones la comisión mixta bicameral llevó a cabo un laborioso trabajo de consenso entre los distintos partidos políticos con la finalidad de aprobar la ley de partidos. Al decir de su presidente, parece que en esta ocasión se ha logrado avanzar un gran trecho en este sentido, quedando ya solamente algunos puntos pendientes de armonizar.

Recientemente ante el trabajo proselitista que están llevando a cabo algunos aspirantes a la Presidencia de la República, la Junta Central Electoral emitió un comunicado recordando que todavía estamos a buena distancia de las elecciones del 2020. En el mismo advierte que la Constitución establece de manera expresa que el período de campaña queda limitado a partir de la proclama de convocatoria hecha por el propio organismo, con una antelación mínima de noventa días previo a la celebración de los comicios. Ese es el tiempo preciso para que los partidos y candidatos promuevan sus aspiraciones a través de anuncios mediáticos, movilizaciones, mítines y demás medios para captar la simpatía y el voto de los electores.

El comunicado de la Junta encontró acogida en las dirigencias de los principales partidos, lo cual no necesariamente implica que será honrado. De hecho, la experiencia indica todo lo contrario. Se trata de una norma que ha sido tradicionalmente desconocida. Es quizás que por ese motivo, la Fundación Institucional y Justicia reclama de las Cámaras Legislativas la urgente aprobación tanto de la ley de partidos como de la ley electoral, que varios calificados analistas entienden debió haber sido la primera que se discutiera y sancionara. Con muy buen juicio, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, sostiene que la aprobación de ambas piezas legales no puede dilatarse por más tiempo.

El alto ejecutivo y vocero de una de las más prestigiosas instituciones de la sociedad civil entiende que la puesta en vigencia de ambas leyes fortalecerá la firme decisión la Junta Central Electoral de hacer cumplir la norma de limitar las actividades proselitistas al tiempo establecido como las demás facultades que le son propias, tales como regular los gastos de campaña y controlar los aportes provenientes de la esfera privada, entre otras. Asimismo, contribuir a la democratización y la modernización del ejercicio político.

El requerimiento de la FINJUS se justifica de pleno. El país no puede estar a tiempo completo en permanente campaña de proselitismo político. Aquí no bien termina una elección, a pocos días, ya antes de haber tomado posesión las autoridades electas, se está comenzando a trabajar con vistas al próximo evento. Así no hay manera de progresar y hacer avanzar el país. Con tantas necesidades que arrastramos, no es posible distraer gran parte de la atención y la energía requeridos para trabajar en la solución de los problemas básicos, así como gastar cuantiosos recursos en este constante trajinar electorero.

Nuestra partidocracia, tan venida a menos, tiene que entender el riesgo que corre de caer en crisis irreversible si no cobra conciencia de la necesidad de actualizarse, cambiar de discurso y del modo tradicional de hacer política clientelista.

Es hora impostergable de establecer las normativas legales que permitan democratizar los partidos así como hacer más eficiente y transparente el ejercicio político en el país, para que los mismos sean canales permanentes de representación de la voluntad y los intereses de la ciudadanía y no simples instrumentos coyunturales como vía de llegar al poder, en el entendido de que a este se va a servir y no a servirse de el como medio de disfrutar de irritantes privilegios personales y oportunidad de enriquecimiento espurio.

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