SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de Migración dispuso este miércoles limitar, solo en casos de emergencia, el acceso a los hospitales públicos de todo el país a los haitianos inmigrantes ilegales, también auditar el Plan Nacional de Regularización para determinar si las personas incluidas califican y establecerán 38 oficinas en todo el territorio nacional con el propósito de identificar a todos los ciudadanos extranjeros.
El Gobierno entendió que la regulación y el control del movimiento de personas que entran y salen del país es un derecho inalienable y constitucional del Estado dominicano.
“En este sentido, ante el deterioro progresivo de las condiciones políticas, económicas y sociales de Haití debemos actuar con responsabilidad y firmeza para proteger la seguridad interna, la soberanía de nuestro territorio y la salud de todos los ciudadanos”, expresó el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez.
A continuación el Consejo Nacional de Migración, en reunión sostenida en el Palacio Nacional, decidió las siguientes medidas:
1. Auditar el Plan Nacional de Regularización para determinar si las personas incluidas califican.
2. Establecer 38 oficinas en todo el territorio nacional con el propósito de identificar a todos los ciudadanos extranjeros.
3. Organizar reuniones con los sectores productivos para definir los procedimientos de contratación de mano de obra inmigrante.
4. Limitar, solo en casos de emergencia, el acceso a los hospitales públicos de todo el país a los inmigrantes ilegales.
Los objetivos de las medidas adoptadas son los siguientes:
1. Garantizar el acceso digno a todos los pacientes dominicanos que acudan a los centros hospitalarios.
2. Asegurar el control de enfermedades para proteger a la población de posibles contagios.
3. Disminuir la presencia de ciudadanos extranjeros ilegales en nuestro territorio.
4. Incrementar la seguridad ciudadana impidiendo la penetración a nuestro territorio de grupos criminales.
El Consejo Nacional de Migración se mantendrá en sesión permanente para tomar cualquier medida que demande la situación actual en el territorio haitiano.
Los reportes de la prensa internacional y los informes de inteligencia sobre Haití confirman que las bandas criminales, que controlan gran parte de su territorio, impiden el abastecimiento de combustible, paralizan la actividad productiva, la disponibilidad de alimentos y la imprescindible atención médica, poniendo en riesgo el bienestar de la población. En estos momentos, con un tercio de la población necesitada de asistencia alimentaria, no hay condiciones internas para recuperar la estabilidad sin el auxilio de la comunidad internacional, dijo el funcionario.
Las condiciones actuales de Haití ponen presión adicional sobre nuestro presupuesto de salud, incrementan la ya desbordada inmigración y contribuyen a debilitar nuestra seguridad ciudadana. La República Dominicana no puede seguir cargando el peso de los problemas de Haití.
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