El caso «Operación Camaleón», también conocido como el caso Transcore Latam, ha generado un escándalo de proporciones significativas en la República Dominicana, con la implicación de múltiples figuras del sector público y privado. Este caso, que gira en torno a la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, ha revelado una compleja trama de corrupción, sobornos, y fraude que involucra a empresas tecnológicas, funcionarios de alto nivel y entidades gubernamentales clave.
A continuación, repasamos lo que se sabe hasta ahora sobre este escándalo que ha puesto en jaque la confianza en los procesos de contratación pública del país.
El caso tiene sus raíces en una licitación pública realizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) en 2023, para la «Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo». Este proyecto, valorado en más de mil millones de pesos dominicanos, buscaba mejorar y modernizar el sistema de control de tráfico en la capital del país, utilizando tecnología avanzada para optimizar la gestión del tránsito.
La fachada: Transcore Latam
La empresa Transcore Latam S.R.L. es el epicentro de este escándalo de corrupción. Según las investigaciones, Transcore Latam fue registrada como una subsidiaria o extensión de la empresa estadounidense Transcore, un proveedor global de soluciones tecnológicas de movilidad y gestión de tráfico. Sin embargo, las autoridades han revelado que la conexión entre ambas empresas es, en realidad, ficticia.
José Ángel Gómez Canaán, también conocido como Jochi Gómez, es señalado como el principal accionista y responsable de la constitución de Transcore Latam. A pesar de que Transcore Latam fue presentada como una empresa capaz de manejar proyectos tecnológicos de gran envergadura, como la modernización de la red semafórica, las investigaciones han descubierto que la entidad carecía de la experiencia y capacidad técnica necesarias para ejecutar el proyecto adjudicado. En lugar de ser una filial directa de la compañía matriz en Estados Unidos, Transcore Latam fue establecida como una estructura autónoma y, en esencia, fue utilizada como una fachada para obtener contratos públicos de manera fraudulenta.
Las irregularidades en el proceso de licitación —donde otras empresas fueron excluidas o desistieron tras detectar fallos en los pliegos de condiciones— facilitaron que Transcore Latam se alzara con el contrato para el proyecto valorado en DOP 1,200,000,000. Además, una vez adjudicado el proyecto, la empresa infló costos y sobrevaloró los servicios prestados, lo que permitió el desvío de fondos públicos para beneficios privados.
Uno de los aspectos señalados en el caso es el presunto sabotaje tecnológico perpetrado por Transcore Latam. En agosto de 2024, el Distrito Nacional vivió un apagón masivo de su red de semáforos, lo que causó caos vehicular y serios problemas en la gestión del tránsito. Las investigaciones revelan que este apagón no fue accidental ni debido a un fallo técnico, sino que fue una acción deliberada dirigida desde la infraestructura controlada por Transcore Latam.
Los equipos instalados por la empresa incluían controladores semafóricos que permitían el manejo remoto de la red de semáforos desde un Centro de Control Semafórico gestionado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Sin embargo, Transcore Latam habría aprovechado su control de la infraestructura para interrumpir intencionalmente el servicio, creando una situación de caos como medida de presión para asegurar más fondos o para encubrir sus irregularidades en la ejecución del contrato.
Además del sabotaje, Transcore Latam está implicada en una trama de espionaje tecnológico. Según el expediente, la infraestructura instalada por la empresa incluía equipos y software que no solo permitían el control de la red semafórica, sino que también facilitaban la interceptación de comunicaciones cercanas.
Utilizando las frecuencias no autorizadas, los dispositivos instalados por Transcore Latam tenían la capacidad de interceptar llamadas telefónicas, datos de navegación por internet y transmisiones de video de dispositivos que operaban en la misma banda de frecuencia o en frecuencias adyacentes.
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), quienes descubrieron que los semáforos estaban siendo manipulados utilizando frecuencias no autorizadas, específicamente la banda de 2.300 MHz. Aunque la empresa había solicitado estas frecuencias para la transmisión de datos entre los semáforos y el centro de control, los informes técnicos concluyeron que el uso de estas frecuencias no era necesario, ya que la red semafórica podía funcionar utilizando frecuencias libres.
Este espionaje ilegal habría permitido a Jochi Gómez y su equipo obtener acceso a información confidencial de ciudadanos, empresas e incluso entidades gubernamentales, lo que representa una grave violación a la privacidad y seguridad nacional. La red de espionaje no solo estaba limitada a la intercepción de comunicaciones, sino que también incluía la capacidad de dirigir ataques “jamming”.
Entre las herramientas utilizadas por Transcore Latam para estas operaciones ilegales se encuentran drones equipados con cámaras y equipos de vigilancia, que fueron desplegados para monitorear en tiempo real actividades en áreas urbanas clave. Estos drones eran parte de un sistema de recolección de datos que servía tanto para el control del tráfico como para actividades de inteligencia clandestina.
En el marco del caso Transcore Latam, AURIX S.A.S., una empresa vinculada al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi), aparece como un actor clave en actividades ilegales de inteligencia y espionaje en la República Dominicana. Según el expediente, esta empresa firmó un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE) el 23 de junio de 2020, con una vigencia de 12 meses, bajo el liderazgo de Rubén Darío Paulino Sem, quien era ministro de Defensa en ese momento. Este acuerdo facilitó la participación de AURIX en tareas de recopilación y análisis de información sensible, relacionada con la seguridad nacional.
El acuerdo tenía como objetivo, según lo presentado, la colaboración en la identificación de perfiles de personas físicas y jurídicas con riesgos potenciales, utilizando herramientas de inteligencia artificial y software avanzado de detección de amenazas. AURIX se comprometía a cooperar en la protección de las instalaciones, personal y activos del Ministerio de Defensa, permitiéndole operar con amplias libertades dentro del territorio nacional y en coordinación con las Fuerzas Armadas.
El problema radica en que no se encontraron registros oficiales del acuerdo dentro del MIDE ni de pagos o relaciones formales con AURIX. Un oficio emitido el 21 de marzo de 2024 por el entonces ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, y respaldado por los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, confirmó la inexistencia de vínculos oficiales entre la empresa de Gómez Canaán y el Ministerio de Defensa. Esto revela que el acuerdo fue hecho de forma oculta y con malas intenciones, lo que constituyó una violación de la Constitución y la Ley 139-13, que regula las atribuciones y facultades del sector militar.
Además, se descubrió que AURIX usurpaba las atribuciones de otras agencias estatales, como la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, llegando a instalar sistemas de videovigilancia con el uso indebido de logotipos oficiales. La Policía Nacional confirmó, en una comunicación del 4 de octubre de 2024, que no existía ningún convenio o acuerdo con AURIX, lo que refuerza las acusaciones de que esta empresa operaba al margen de la ley, utilizando sus conexiones y acceso privilegiado para actividades ilícitas.
El papel de AURIX en el caso Transcore Latam no solo involucró su participación en la licitación fraudulenta del sistema semafórico, sino también su participación en actividades de espionaje y manipulación de información confidencial, comprometiendo la seguridad nacional. Este acuerdo ilegal entre AURIX y el Ministerio de Defensa fue clave para que Gómez Canaán expandiera su red de control y vigilancia dentro de las instituciones estatales, utilizando su empresa como fachada para estas operaciones ilícitas.
Uno de los elementos más sorprendentes del caso ha sido la participación de Inprosol, una empresa originalmente dedicada al cultivo de arroz. Fundada en 2017 en San Cristóbal, Inprosol cambió su objeto social para incluir servicios tecnológicos y brindar capacidad de equipamiento a la empresa Transcore Latam, ganadora de la cuestionada licitación.
Este cambio abrupto en el perfil de la empresa ha generado dudas sobre su verdadera capacidad para asumir un proyecto de esta magnitud. Según el Ministerio Público, Inprosol habría sido utilizada como una «fachada» para justificar ciertas operaciones fraudulentas y desviar fondos a través de contratos que excedían su capacidad operativa.
Las autoridades han señalado un amplio cúmulo de pruebas testimoniales y periciales que sustentarían las acusaciones de corrupción y fraude. Entre ellas, se destacan las siguientes:
El Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción severas para los principales imputados, entre ellas 18 meses de prisión preventiva para Hugo Beras y Jochi Gómez. Esta solicitud se basa en la gravedad de los delitos imputados, que incluyen asociación de malhechores, fraude, soborno y lavado de activos, entre otros.
Además, se ha solicitado que se declare la complejidad del caso, lo que permitiría a las autoridades disponer de más tiempo para investigar a fondo el entramado de corrupción.
El caso aún está en una fase preliminar, ni siquiera se ha conocido medida de coerción, y se espera que las investigaciones continúen en los próximos meses. Las autoridades han anunciado que seguirán recolectando pruebas y que podrían imputar a más personas vinculadas al esquema.