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Los amigotes de Leonel en Colombia.

Leonel Fernández, para agradarles a sus aliados, condenó la insurgencia de las FARC y el ELN en Colombia, ejercida como derecho de ese pueblo hermano frente a 60 años de guerra sucia, terrorismo de estado, para-militarismo criminal y  narco-corrupción estatal y empresarial; iniciada a finales de los 40 con el asesinato de Gaitán y la matanza de 300,000 colombianos/as.

En el caso de FARC incluyó su apoyo a Santos en el tema de los rehenes a las recientes falacias del gobierno de Colombia, radicalmente opuesto al intercambio humanitario de prisioneros; a pesar de que la prestigiosa Senadora Piedad Córdoba ha develado cuanto de mentira hay en esos informes oficiales y cuanta responsabilidad tiene el presidente Santos en esos cruentos desenlaces por resistirse a propiciar su liberación y empecinarse en rescatarlos por la fuerza.

Contrasta su condena a la insurgencia con el silencio que ha guardado respecto a las masacres,  a las fosas comunes recién descubiertas y los llamados “falsos pasivos”, que se han traducido en decenas de miles de personas asesinadas, torturadas, descuartizadas, desaparecidas y despojadas de sus tierras.

El ex-presidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos, ambos amigotes de Leonel, han sido los ideólogos, jefes políticos y protectores del para-militarismo y de los generales responsables de los descuartizamientos con motosierras y las masacres ocultadas en fosas comunes, recientemente develadas.

Tres de esos generales tienen fuertes vínculos con el generalato leonelista.

Ambos políticos colombianos, uno procedente del narco-para-militarismo (primo y aliado de Pablo Escobar Gaviria) y otro miembro destacado de la oligarquía, han usado y protegido al Mario  Montoya (ex jefe del ejército y ex embajador aquí), a  Padilla (ex-jefe del ejército),  a Cely (ex-jefe del ejército y designado recientemente embajador aquí) y a la a trulla de generales asesinos entrenados por Mossad, CIA, Pentágono y la DEA para cometer esas atrocidades.

Las responsabilidades de personeros de esa calaña en tales fechorías -entre ellos el general Montoya, el ex presidente Uribe y el propio presidente Santos- están a punto de brotar en el escenario judicial de Colombia.

Las confesiones de capos paramilitares -abandonados por sus jefes políticos- ya están presentadas en Fiscalía General y no dejan dudas sobre estas culpabilidades. Entre ellas vale referirnos a las que ya han ofrecido detallar éstos testigos de excepción, comprometidos directamente en muchas masacres, usados por políticos y generales,  y ahora encarcelados en su condición del lado flaco de la soga de coca y sicarios:

Juan Guillermo Monsalve Pineda: miembro de la estructura criminal que operó en finca Guacharaca, está dispuesto a presentar pruebas y  lugares de  9 fosas comunes.

Fernando Alonso Maturana: integrante del bloque “Cacique Nutibara”, ha presentado testimonios sobre hornos crematorios ante la Fiscalía 45 de Medellín y, por no confiar en esa instancia ( debido a filtraciones que los perjudican), va a dar datos a la Fiscalía General sobre vínculos de policías de alto rango, políticos de Antioquia, empresarios y fosas comunes en Medellín.

Jhon William López (Memín): responsable de múltiples crímenes ordenados por políticos de Antioquia y de Medellín vinculados a Uribe.

Jorge Alejandro García: condenado por dos asesinatos que no cometió. Responsable de otros 100, los cuales asume, responsabiliza a dirigentes políticos como autores intelectuales.

Julio Perdomo: recibió y conoce órdenes de asesinatos de parte de un alto político de Antioquia.

Néstor Abad Giraldo: guardaespaldas de Álvaro Uribe, conoce de asesinatos ordenados por el ex –presidente, despojo de tierras y testaferros.

Wilson Andrés Herrera Montoya: guardaespaldas de Álvaro Uribe, conoce de órdenes de otros asesinatos y fosas.

Juan Carlos Villa Saldarriaga: participó del “Cacique Nutibara”, conoce “Operación Orión” dirigida por Montoya (Comuna 13 de Medellín, más de 2000 muertos), informará sobre 75 fosas y políticos, militares y empresarios implicados  en esos hechos.

Fabio Orlando Acevedo: conoce de relaciones criminales de políticos, de Álvaro Uribe y empresarios con el para-militarismo.

¿Quienes son los bandidos,  terroristas y narco-terroristas?

Debe alarmar al país este posicionamiento del presidente Fernández, que además le ha abierto cancha al lavado de dinero sucio procedente de Colombia, a la asesoría militar colombiana, a los entrenamientos policiales y para-policiales a cargo de oficiales colombianos, al llamado plan de seguridad democrática copiado del perverso modelo de ese país y al contubernio de la alta oficialidad dominicana con los narco-generales colombianos.

No es accidental la acogida que Leonel Fernández le dio a Chaux Mosquera (jefe paramilitar) como Embajador que antecedió a Mario Montoya, al propio Montoya y ahora al general Cely. Tampoco el acuerdo estratégico entre las fuerzas armadas de ambos países y la asesoría colombiana en el llamado Plan de Seguridad Democrática, en otros programas de la policía dominicana y en la construcción de fuerzas para-policiales en varios puntos del país. Menos aun el auge del sicariato militar, policial y civil.

El flujo de dinero sucio colombiano a ser lavado en el país supera los mil millones de dólares y crecen las evidencias de la expansión aquí del “modelo colombiano” al compás del avance de la narco-corrupción estatal; en la que el gobierno el Fernández-PLD, como antes el de Hipólito Mejía-PRD, tienen responsabilidades visibles en casos como el de Quirino, Nelson Solano, Paya, Figueroa Agosto, Toño Leña, Arturo del Tiempo y Oscar Ezequiel Rodríguez.

En unos casos compartidas y en otros individuales. Cada uno con sus capos preferidos o de ocasión a cuesta.

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