La ordenanza complementa leyes estatales que prohíben pasamontañas y exigen identificación visible a policías y agentes federales.
Los Ángeles (EE.UU.).- La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó este martes a favor de una ordenanza que prohíbe a las fuerzas del orden, incluidos los agentes migratorios, usar máscaras o ocultar su identidad al realizar operaciones policiales en el condado.
La ordenanza, aprobada por unanimidad, necesita una votación más que se llevará a cabo la próxima semana.
La medida prohíbe a todos los miembros de las fuerzas del orden, incluidos los alguaciles del condado de Los Ángeles, agentes estatales y federales, usar máscaras al interactuar con el público mientras trabajan en las áreas no incorporadas del condado.
La iniciativa también exige que los agentes porten identificaciones con sus nombres y la agencia a la que pertenecen.
La supervisora Janice Hahn, coautora de la medida, se refirió a las redadas migratorias de junio pasado en la que los agentes federales «ocultaros sus rostros y se negaron a usar insignias».
«Suben a personas a furgonetas sin distintivos a punta de pistola y luego se preguntan por qué la gente se resiste al arresto. Declaramos sin lugar a dudas que, en el condado de Los Ángeles, la policía no oculta su rostro», agregó.
Se establecieron excepciones para agentes que usen máscaras médicas, equipos tácticos y participen en operaciones encubiertas activas.
Lo más seguro es que la ordenanza pase la próxima votación, para entrar en vigor 30 días después.
La ordenanza se une a la ley SB 627, firmada en octubre pasado por el gobernador Gavin Newsom, que prohíbe a las fuerzas del orden federales y locales, incluyendo al ICE, el uso de pasamontañas y máscaras extremas similares en el estado.
Newsom ya había firmado la ley SB 805 que exige a los agentes mostrar visiblemente al público una identificación que incluya la agencia a la que pertenecen y un nombre o número de placa cuando realicen sus tareas.
Estas dos últimas leyes han sido tajantemente rechazadas por la Casa Blanca bajo el argumento que ponen en riesgo a sus fuerzas federales.
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